Rechazan académicos de la UNAM nueva Ley de Ciencia

CDMX.- Académicos de la Universidad Autónoma de México se pronunciaron en contra de la nueva Ley de Ciencia, al considerar que se está imponiendo un marco legal que “limita la libertad de hacer investigación y entorpece el progreso científico”.

Entre los 73 académicos que se pronunciaron se encuentran los eméritos Federico Bermúdez Rattoni, J. Adolfo García Sainz, Victoria Chagoya de Sánchez y Antonio Peña Díaz.

Los manifestantes señalaron que la Ley excluye la representatividad de los académicos en un Consejo Directivo, priorizando la participación de los representantes de las Secretarías de Estado incluyendo a la Defensa Nacional y a la Marina.

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Los docentes también condenan que el financiamiento y becas será otorgado de acuerdo con una Agenda Nacional de investigación que atienda problemas prioritarios o urgentes del país, los cuales son definidos por el gobierno, limitando de esta manera muchas áreas de investigación.

“El Colegio del Personal Académico del IFC-UNAM se pronuncia en desacuerdo con la nueva Ley de Ciencia, y hace un llamado a la comunidad y población en general a expresarse en contra de esta”, señalan los académicos en su pronunciamiento.

Los investigadores señalan que en los años 2020 y 2021 el CONACyT no erogaron recursos para convocatorias de Ciencia de Frontera y no ha habido Convocatorias dirigidas exclusivamente a Ciencia Básica.

Es importante resaltar que el número de proyectos apoyados en la convocatoria 2022-2023 es sumamente reducido y no compensa la falta de convocatorias de los años anteriores. Además, los recursos originalmente planteados sufrieron una reducción en los montos. En vista de esto, exigimos la publicación de convocatorias extraordinarias para paliar esta situación”, mencionan.

Apunta que con la nueva ley se elimina la meta de inversión pública del 1 por ciento del PIB a la investigación, dejando la asignación del “incremento al del año anterior” a decisión del presidente.

Esta ley exige la cesión obligatoria de propiedad intelectual y patentes al Consejo, dejando sin derechos a los inventores y a las instituciones, enfatizaron.

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“En una comunidad que se fundamenta en la preservación de un pensamiento crítico y en la toma de decisiones académicas, a través de la discusión en organismos colegiados, nos entristece constatar que la ley recién aprobada no recibió un debate adecuado por parte de las comunidades académicas”, mencionan.

“Además, nos preocupa que no se haya sometido a un análisis exhaustivo en los siete foros parlamentarios abiertos originalmente propuestos en la Cámara de Diputados, los cuales habrían permitido la participación y el intercambio de opiniones colegiadas”, agrega el pronunciamiento.