Regularizar ‘autos chocolate’ fortalece economía del crimen organizado, acusa la AMDA

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), aseguró que no existe justificación para ampliar el programa de regularización de coches usados procedentes del extranjero.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que la medida solo ha provocado el aumento en el contrabando vehicular, así como la entrada al país de “basura automotriz” que daña al medioambiente.

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El pasado 27 de septiembre, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, anunció que el programa para regularizar los llamados “autos chocolate” se ampliará 3 meses más debido a que hay una lista de espera de propietarios que buscan realizar el trámite.

Así, el programa continuará hasta el 31 de diciembre con 164 módulos instalados en 17 estados de la República mexicana.

Originalmente, estaba previsto que el programa concluiría el 20 de septiembre de 2022, pero desde entonces ha sido extendido en cuatro ocasiones.

El pasado 23 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo extendió tres meses y en junio lo amplió nuevamente.

Rosales Zárate consideró que si en 2022 no se justificaba la entrada y ampliación del programa, “mucho menos ahora”.

Señaló que la vigente regularización de vehículos usados del extranjero, “constituye un claro estímulo para que continúe el contrabando”.

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El presidente de la AMDA compartió que durante el periodo 2013 a 2017, la introducción de vehículos ilegales fue un fenómeno “que se redujo a su mínima expresión” y además estaba “muy focalizado en ciudades de la frontera”.

Sin embargo, afirmó, ahora el flujo de vehículos de contrabando “no ha cesado” y “no hay operación del gobierno para evitarlo”.

Lo anterior explicaría, según Rosales, por qué hasta la fecha van 1 millón 803 mil 58 vehículos de procedencia extranjera regularizados, a una tasa de 100 mil mensualmente; cifra que supera el universo comprendido en el decreto original del programa.

Rosales Zárate señaló que los requisitos para regularizar un “auto chocolate” – el llenado de solicitud en línea, pago de 2,500 pesos por unidad y una declaratoria de decir verdad-, aceptados “sin que haya ninguna comprobación”, facilitan que se emplaquen coches en México considerados “pérdida total” en Estados Unidos o que en aquel país tengan reportes de robo.

De los casi dos millones de autos regularizados, la mayoría corresponden al siguiente perfil, descrito por el presidente de AMDA:

De 8 años en adelante, tipo SUV o PickUp y con declaratoria de pérdida total en Estados Unidos, por lo que tienen prohibida la circulación y carecen de valor comercial en el país vecino.

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“Es basura automotriz que estamos adquiriendo”, señaló.

Agregó que esta chatarra genera “un costo importante en términos ambientales, por el impacto de estos coches al ser abandonados cuando no pueden circular”.

Según refirió, los restos del coche contaminan el agua y el suelo. Y, mientras circulan, también afectan a la atmósfera.

Finalmente, Guillermo Rosales alertó que el contrabando se hace posible gracias a “redes de control y protección del crimen organizado”.

Por lo anterior, “resulta menos admisible la decisión en que se ha empeñado el presidente Andrés Manuel López Obrador de incrementar el flujo de contrabando”.

Por ende, concluyó, el programa es un “estímulo perverso” que fortalece directamente a la economía de la delincuencia organizada.

Con información de medios