Santiago Nieto niega participación del ex gobernador de Hidalgo en ‘estafa siniestra’

El procurador general de justicia de Hidalgo, Santiago Nieto, confirmó que no hay incidíos que vinculen al ex gobernador de ese Estado, Omar Fayad Meneses, en la denominada “Estafa siniestra”; esto tras la detención del exsubsecretario de Administración y Finanzas de SEPH, Pablo “N”, así como la alerta migratoria emitida por la Interpol en 180 países para localizar al contralor estatal, Cesar Román “M. V”; quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de amenazas.

“No tenemos ningún indicio que nos lleve hacia el exgobernador Omar Fayad [...] cómo les dije hace un momento, no tenemos ningún indicio que nos lleve hacia Omar Fayad, pero seguiremos dando todas las líneas de investigación respecto a los secretarios de la administración anterior”, explicó para medios de comunicación, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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César Román “N”, ex contralor del gobierno de Hidalgo en la administración de Fayad Meneses, tiene alertas migratorias ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y las Oficinas Centrales Nacionales de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) de Washington, Estados Unidos, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tiene además una notificación de ficha roja publicada el mes pasado el 15 de marzo de 2023 por la Secretaría General de lnterpol bajo el número de control A-2291/3-2023.

El día 5 de abril, fue aprehendido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) durante el sexenio de Omar Fayad, Pablo “N”.

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De acuerdo con Nieto, durante la madrugada, personal ministerial ejecutó en Pachuca de Soto un cateo en el que se logró el arresto de quien fungió como uno de los principales funcionarios del sector educativo en la pasada administración.

¿QUÉ ES LA “ESTAFA SINIESTRA”?

Se trata de una red de corrupción en las que estuvieron involucradas al menos trece alcaldes de Hidalgo y algunos exfuncionarios estatales por medio de contratos de empresa “fachadas” por el desvío de más de 500 millones de pesos.