Señalan a gestor cultural de Campeche por presuntos delitos sexuales contra menores
COMPARTIR
El colectivo DLR difundió audios sobre una niña de 11 años y acusó al gestor de ofrecer servicios sexuales de una adolescente de 15 años.
El colectivo hacktivista DLR difundió señalamientos contra un gestor cultural originario de Hecelchakán, Campeche, a quien identificó con el nombre de Claudio S., y acusó de formar parte de una presunta red de explotación sexual de menores.
El señalado es identificado como maestro de lengua maya del colectivo Wey yano’one’, dedicado a actividades de difusión cultural. Los señalamientos comenzaron el 21 de septiembre de 2026, cuando DLR lo acusó de ofrecer servicios sexuales de una adolescente de 15 años mediante un grupo de Facebook.
El 30 de septiembre, el colectivo difundió además audios en los que atribuyó al gestor declaraciones sobre una niña de 11 años que, de acuerdo con la denuncia, acudía a talleres culturales impartidos por él.
Hasta el 30 de septiembre, las fiscalías de Campeche y Yucatán no habían informado sobre la apertura de una carpeta de investigación relacionada con estos señalamientos.
DLR DIFUNDE AUDIOS SOBRE UNA MENOR DE 11 AÑOS
En una de las grabaciones difundidas por DLR, una voz que el colectivo atribuye al gestor habla sobre su intención de agredir sexualmente a una niña de 11 años que, según la misma grabación, era su vecina.
En el audio, la persona también menciona que impartía clases en talleres instalados en su propia casa y que había ganado la confianza de la menor.
Un segundo audio difundido el mismo día registra, según DLR, una conversación entre el señalado y otro hombre sobre la misma niña. En ese fragmento, la voz atribuida al gestor hace referencia a que la menor ya había adquirido confianza y menciona un acercamiento físico hacia ella.
Los audios fueron presentados por el colectivo como parte de la evidencia con la que sustenta sus acusaciones. No obstante, la información proporcionada no señala que una autoridad ministerial haya confirmado hasta ese momento la identidad de la voz o la autenticidad de las grabaciones.
SEÑALAMIENTO PREVIO INVOLUCRÓ A UNA ADOLESCENTE DE 15 AÑOS
Antes de publicar los audios, DLR había acusado al gestor de utilizar una identidad falsa para ingresar al grupo de Facebook “Renta de Peluches CDMX y Estados”.
De acuerdo con el colectivo, dentro de ese grupo habría utilizado la identidad de una mujer y se habría presentado como madre soltera. Posteriormente, publicó una fotografía de una mujer junto a una adolescente de 15 años.
DLR sostuvo que en los comentarios de esa publicación también se habría compartido material de contenido sexual explícito en el que presuntamente aparecía la menor.
Tras la primera denuncia, el perfil de Facebook atribuido al gestor y la página del colectivo Wey yano’one’ dejaron de estar disponibles en esa plataforma, según los reportes citados por el colectivo.
Al momento de los primeros reportes, una cuenta de TikTok y un perfil de Instagram atribuidos al señalado continuaban activos.
FISCALÍA DE YUCATÁN Y CAMPECHE NO HABÍA ABIERTO INVESTIGACIÓN
Hasta el 30 de septiembre, ninguna de las fiscalías estatales de Yucatán y Campeche había informado sobre la apertura de una investigación formal relacionada con las acusaciones difundidas por DLR.
Consultada por Proceso, la Fiscalía General del Estado de Yucatán señaló que verificaría si existía alguna denuncia previa relacionada con el caso.
La Fiscalía General del Estado de Campeche respondió que, de acuerdo con su postura ante la consulta, los hechos señalados no correspondían a un delito perseguido de oficio.
La falta de una investigación institucional se convirtió en uno de los puntos señalados alrededor del caso, debido a que las acusaciones habían sido difundidas públicamente desde el 21 de septiembre y posteriormente se hicieron públicos los audios relacionados con las menores.
ESPECIALISTA SEÑALA DIFICULTADES PARA INVESTIGAR EVIDENCIA DIGITAL
El abogado y maestro en Amparo Moisés Velázquez señaló a Proceso que las fiscalías locales enfrentan deficiencias para procesar evidencia digital relacionada con posibles delitos cometidos mediante redes sociales.
“Las fiscalías no tienen ni el personal ni la capacitación para procesar la evidencia digital”, afirmó el especialista.
Velázquez explicó que, ante una publicación en Facebook, las autoridades pueden limitarse a realizar una captura de pantalla, sin necesariamente establecer a quién pertenece el perfil, desde qué dirección IP se conectó el usuario o solicitar información directamente a Meta.
El abogado consideró que las conductas atribuidas al gestor podrían ser analizadas bajo figuras delictivas relacionadas con trata de personas y explotación sexual infantil. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar si los hechos denunciados constituyen algún delito y, en su caso, establecer responsabilidades.
Velázquez ha representado a familiares de víctimas de Tenorio N., un hombre detenido en Yucatán en 2024 después de que Google emitiera una alerta relacionada con el almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.
El especialista también cuestionó las capacidades institucionales para preservar este tipo de evidencia y señaló que la eliminación de una publicación puede dificultar su incorporación a una investigación cuando no se realizan procedimientos técnicos para conservar y autenticar la información.
Hasta el cierre de la información proporcionada, no se había informado sobre personas detenidas ni sobre una carpeta de investigación abierta por las fiscalías de Campeche o Yucatán en relación con los señalamientos contra el gestor cultural.
