Sobornos de Odebrecht fueron para Emilio Lozoya y su familia, señala FGR en acusación final
La Fiscalía General de la República advierte que gracias a estos sobornos Odebrecht se vio favorecida con la adjudicación del contrato para la realización de obras en la refinería de Tula
Luego de cinco años de investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que los sobornos por poco más de diez millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó en México, fueron transferidos exclusivamente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, través de empresas ligadas con su familia. Con ese dinero, entre otras cosas, se compró una casa en Ixtapa Zihuatanejo.
El documento completo de la acusación final de la FGR presentada ante un juez en contra de Lozoya, y del que Animal Político tiene una copia, advierte que gracias a estos sobornos Odebrecht se vio favorecida con la adjudicación del contrato para la realización de obras en la refinería de Tula.
Aunque Lozoya ha denunciado que él fue utilizado por el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y que el dinero se usó para sobornar a legisladores y agilizar la reforma energética, en su acusación la FGR no presenta ni valida ninguna de estas hipótesis. Las 59 pruebas que presenta están enfocadas en confirmar que Lozoya y sus familiares fueron los reales beneficiarios de los sobornos.
De hecho, al considerar que Lozoya fue el beneficiario final de estos hechos, la FGR solicita en su contra una pena que supera los 46 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Además, considera que debe pagar una multa de 87 millones de pesos, un monto por reparación de daño de seis millones de dólares, y perder cualquier derecho sobre el departamento en Ixtapa.
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Los fiscales además consideran que la madre de Lozoya, Gilda Susana Austin, debe ser condenada a pasar 23 años de prisión y pagar 262 mil pesos de multa.
En la acusación, la FGR propone al juez la presentación de 19 testigos de cara al juicio, entre ellas los de seis exdirectivos de la constructora Odebrecht, quienes confirmarán que fue el exdirector de Pemex el que solicitó y recibió el dinero de la constructora en múltiples pagos realizados ente 2012 y 2014.
La teoría del caso expuesta al juez por el fiscal Kristian Jiménez Hernández, responsable de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, señala que la constructora brasileña, a través de su brazo de sobornos conocido como “División de Operaciones Estructuradas”, le facilitó a Lozoya recursos millonarios a cambio de ganar influencia sobre él y que este, a su vez, operara para beneficiarlos con contratos.
La primera parte de los pagos fueron por monto de cuatro millones de dólares, y se comenzaron a transferir entre abril y junio de 2012, cuando aun se encontraba en curso la campaña presidencial de Peña Nieto. Aunque Lozoya sostuvo que el dinero sería para apoyar dicha campaña, pidió que los depósitos se le hicieran a empresas ligadas a el mismo.
Tras dar luz verde a la salida del dinero, Odebrecht comenzó la dispersión del recurso a través de una de sus empresas fachada denominada Innovation Research Engineering que, a su vez, lo envió a una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas denominada Latin American Asia Capital Holding. Los beneficiarios de las cuentas de esta compañía, abiertas en un banco suiza, eran el propio Lozoya y su hermana Gilda Susana.
En noviembre, cuando aun faltaban por ser transferidos un millón 516 mil dólares de los cuatro pactados, se generó una alerta antilavado que bloqueó la cuenta de la empresa Latin American. Entonces Lozoya dio la instrucción para que las transferencias se hicieran a otra empresa constituida en el mismo paraíso fiscal, pero denominada Tochos Holding, donde también su hermana era la beneficiaria.
De acuerdo con la FGR, el que se siguieran haciendo los pagos aun cuando la elección presidencial ya había terminado, prueba que el dinero era para Lozoya. No obstante, los exfuncionarios de Odebrecht reconocen que siguieron enviando el dinero pues sabían, por dicho del propio Lozoya, que este ocuparía “un alto cargo en el gobierno”.
Los otros seis millones y la casa
La acusación del fiscal Jiménez Hernández señala que luego de ser nombrado director General de Pemex, Lozoya se volvió a reunir con funcionarios de Odebrecht. Esto ya en el 2013. En la charla, los brasileños confirmaron que tenían una alianza con una empresa de Hidalgo denominada Construcciones Tapia (recomendada por el propio Lozoya), con la finalidad de obtener contratos relacionados con la refinería de Tula.
Lozoya propuso a la constructora influir en el Consejo de Administración de Pemex para tratar de adjudicarles el contrato. A cambio, se acordó un soborno de seis millones de dólares de los cuales, dos millones se entregarían con independencia de si se consumaba o no la contratación, y los cuatro restantes solo si se cerraba la adjudicación.
Los pagos se realizaron siguiendo el mismo mecanismo de empresas fachada en paraísos fiscales y, a petición del propio exdirector de Pemex, el destino final del dinero fue la compañía Zecapan S.A., otra empresa relacionada con Emilio Lozoya. Los pagos se depositaron en la cuenta de dicha empresa abierta en el Banco Neue Bank ubicado en el Principado de Liechtenstein.
El soborno cobró frutos para Odebrecht pues, en febrero de 2014, se le adjudicó el contrato de obra pública PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 conocido como Tula I. Un contrato que, a la postre, la Auditoría superior de la Federación confirmaría que tuvo sobreprecios de más del 300 por ciento y dejó perdidas por 950 millones de pesos, por lo menos.
Los fiscales añaden que con los presuntos pagos irregulares que Lozoya recibió de Odebrecht adquirió una propiedad ubicada en el condominio Quinta Mar, en el Desarrollo Turístico de Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero. El departamento tenía un valor de un millón 900 mil dólares, de los cuales, un millón 200 mil dólares fueron pagados a través de na transferencia proveniente de la referida empresa Tochos Holding.
La compra fue realizada a través de un depósito enviado primero en Montreal, Canadá, y la operación final la ejecutó Marielle Hlene Eckes, esposa de Emilio Lozoya. Se trató de una franca operación de lavad de dinero y de asociación delictuosa, de acuerdo con los fiscales.
En la acusación también se identifica una transferencia de 185 mil dólares de la referida empresa Tochos Holding a una cuenta de BBVA Bancomer a nombre de Gilda Margarita Austin, madre Lozoya. “Todo esto con la finalidad de ocultar el origen de tales recursos, omitiendo las declaraciones fiscales correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria”, indica la acusación.
Con información de Animal Político
