¡Sobrevivir no es vivir! Sobrevivientes de intento de feminicidio exigen justicia con aprobación de la Ley Oropéndola

Sobrevivientes de intento de feminicidio marcharon desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Senado de la República en la Ciudad de México, con el fin de exigir la aprobación de la Ley Oropéndola, una propuesta legislativa que busca fortalecer la protección y justicia para mujeres que han sobrevivido a feminicidios fallidos. Bajo el lema “¡Las sobrevivientes vivimos y vivimos para contarlo!”, las mujeres exigieron la intervención de los recién instalados legisladores para que este proyecto de ley avance en el Congreso.

La marcha reunió a mujeres provenientes de diversas partes del país, incluyendo Puebla, Veracruz, Chiapas, Estado de México y la Ciudad de México, quienes compartieron sus testimonios de sobrevivencia ante situaciones de violencia extrema. Durante la manifestación, las participantes escribieron sus nombres en las vallas que rodean la Antimonumenta, un símbolo de lucha y resistencia feminista ubicado en la Ciudad de México.

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Las sobrevivientes corearon consignas que evidenciaban su lucha por justicia: “¡Sobreviví sin tus cuidados, ahora exijo resultados! ¡Soy mujer sobreviviente, no quiero ser valiente! ¡No, no, no somos infiltradas, somos las familias y estamos indignadas!”.

Entre las asistentes se encontraban madres de víctimas de feminicidio, como Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, quien fue asesinada en 2010 y cuyo caso marcó un precedente en la investigación con perspectiva de género en México. Su incansable lucha ha sido clave para que toda muerte violenta de niñas, adolescentes y mujeres en el país sea investigada con este enfoque, una medida crucial en la búsqueda de justicia para miles de mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

SOBREVIVIENTES DE INTENTO DE FEMINICIDIO NARRAN SU DESGARRADORA HISTORIA

Uno de los testimonios más impactantes fue el de María Patricia Becerril Gómez, madre de Zynya Figueroa Becerril, quien fue asesinada en Puebla. Durante la marcha, María Patricia expresó: “El hecho de liberar a un agresor es una bomba de tiempo, mi hija no sobrevivió. Gracias por su amoroso acompañamiento, sobrevivir no es vivir. Nuestras vidas después de la muerte de mi hija, voy reconstruyendo mi existencia, reexisto”. Sus palabras resonaron entre las asistentes, quienes vieron reflejadas en su testimonio la cruda realidad de muchas familias mexicanas que han perdido a una hija, hermana o madre a manos de feminicidas.

Otro testimonio fue el de Ednita, quien relató a medios de comunicación que fue víctima de intento de feminicidio en 2016. A pesar de sobrevivir, las secuelas físicas y emocionales continúan afectando su vida. Yanelli, una joven originaria de Puebla, también compartió su historia: fue víctima de una violación tumultuaria y, tras un proceso penal, sus agresores regresaron a su domicilio para violarla y golpearla frente a su hija de solo dos años, a quien también agredieron brutalmente. La niña perdió la visión del ojo izquierdo y la audición del mismo lado debido a la violencia ejercida. Estos casos evidencian la brutalidad a la que son sometidas muchas mujeres en México, y la urgencia de tomar medidas para evitar que los agresores reincidan.

Exigencias de la Ley Oropéndola

La marcha no solo fue una muestra de solidaridad entre las sobrevivientes, sino una acción política para presionar a los legisladores a aprobar la Ley Oropéndola. Esta iniciativa legislativa propone cuatro puntos fundamentales para proteger a las mujeres que han sido víctimas de intento de feminicidio:

1. Prisión preventiva para evitar la consumación del delito: Uno de los puntos clave de la ley es la imposición de prisión preventiva para los agresores, con el fin de evitar que completen el feminicidio. Esta medida busca proteger la vida de las víctimas y prevenir nuevos actos de violencia.

2. Testimonio de la víctima como prueba clave: La Ley Oropéndola exige que el testimonio de la víctima tenga un peso determinante en el proceso judicial, siempre acompañado de pruebas, peritajes y testimonios adicionales que respalden su versión de los hechos. Esto busca combatir la revictimización de las mujeres, quienes a menudo enfrentan desconfianza y burocracia en los tribunales.

3. Punibilidad específica para el intento de feminicidio: La ley plantea la creación de una figura penal que reconozca la gravedad del intento de feminicidio y establezca sentencias claras de acuerdo con las armas usadas, la presencia de agravantes, las secuelas físicas o psicológicas dejadas en las víctimas, si el ataque ocurrió en público o si hubo menores presentes. La violencia presenciada por niños es uno de los factores que la ley toma en cuenta como agravante del delito.

4. Reparación integral del daño: Muchas de las mujeres que sobreviven a intentos de feminicidio enfrentan daños físicos, psicológicos y emocionales que requieren de atención médica y terapias prolongadas. La ley busca garantizar una reparación integral del daño, que incluya compensaciones económicas para cubrir los costos de estas intervenciones. La reconstrucción física y emocional de las víctimas suele ser costosa, y el Estado tiene la responsabilidad de brindar apoyo a quienes sobreviven a este tipo de violencia.

¿QUÉ ES LA LEY OROPÉNDOLA Y QUE EXIGE?

La marcha no solo fue una muestra de solidaridad entre las sobrevivientes, sino una acción política para presionar a los legisladores a aprobar la Ley Oropéndola. Esta iniciativa legislativa propone cuatro puntos fundamentales para proteger a las mujeres que han sido víctimas de intento de feminicidio:

1. Prisión preventiva para evitar la consumación del delito: Uno de los puntos clave de la ley es la imposición de prisión preventiva para los agresores, con el fin de evitar que completen el feminicidio. Esta medida busca proteger la vida de las víctimas y prevenir nuevos actos de violencia.

2. Testimonio de la víctima como prueba clave: La Ley Oropéndola exige que el testimonio de la víctima tenga un peso determinante en el proceso judicial, siempre acompañado de pruebas, peritajes y testimonios adicionales que respalden su versión de los hechos. Esto busca combatir la revictimización de las mujeres, quienes a menudo enfrentan desconfianza y burocracia en los tribunales.

3. Punibilidad específica para el intento de feminicidio: La ley plantea la creación de una figura penal que reconozca la gravedad del intento de feminicidio y establezca sentencias claras de acuerdo con las armas usadas, la presencia de agravantes, las secuelas físicas o psicológicas dejadas en las víctimas, si el ataque ocurrió en público o si hubo menores presentes. La violencia presenciada por niños es uno de los factores que la ley toma en cuenta como agravante del delito.

4. Reparación integral del daño: Muchas de las mujeres que sobreviven a intentos de feminicidio enfrentan daños físicos, psicológicos y emocionales que requieren de atención médica y terapias prolongadas. La ley busca garantizar una reparación integral del daño, que incluya compensaciones económicas para cubrir los costos de estas intervenciones. La reconstrucción física y emocional de las víctimas suele ser costosa, y el Estado tiene la responsabilidad de brindar apoyo a quienes sobreviven a este tipo de violencia.

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LEY OROPÉNDOLA DEBE DE SER APROBADA DE MANERA URGENTE

Las participantes de la marcha no solo buscaron visibilizar sus historias y exigencias, sino también presionar a los legisladores recién instalados en el Senado de la República para que tomen en cuenta la urgencia de aprobar la Ley Oropéndola. La colectiva de sobrevivientes demandó que los legisladores den prioridad a esta propuesta para proteger a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, así como garantizar la justicia y la reparación del daño para las sobrevivientes.

Este tipo de legislación es fundamental en un país donde la violencia de género sigue siendo una problemática estructural. De acuerdo con datos oficiales, cada día son asesinadas más de 10 mujeres en México, y muchas más son víctimas de violencia física, sexual y psicológica. La Ley Oropéndola no solo busca sancionar a los agresores, sino prevenir que los intentos de feminicidio se conviertan en tragedias definitivas.