CDMX aprueba ‘Ley Monse’; endurecen penas para encubridores de feminicidios y transfeminicidios
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Los encubridores ahora enfrentan penas de 2 a 8 años de prisión y multas. Esta medida surge tras el caso de Montserrat Bendimes
El Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 41 votos a favor, una reforma al Código Penal local que endurece las penas para quienes encubran a los responsables de feminicidios y transfeminicidios. La iniciativa, conocida como “Ley Monse”, representa un avance significativo en la lucha por la justicia para las víctimas de violencia de género, estableciendo nuevas responsabilidades penales para familiares y personas cercanas que, hasta ahora, podían evitar sanciones bajo la excusa absolutoria.
La “Ley Monse” surge como una respuesta directa al trágico caso de Montserrat Bendimes, una joven de 20 años originaria de Boca del Río, Veracruz, quien fue brutalmente asesinada en abril de 2021 por su pareja, Marlon Botas. Tras el crimen, los padres de Botas ayudaron a su hijo a escapar, trasladando a Montserrat a un hospital mientras ella luchaba por su vida.
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Hasta ahora, el Código Penal de la Ciudad de México permitía que quienes ocultaran al autor de un delito no fueran considerados encubridores si tenían una relación de parentesco cercano o afectiva con el presunto culpable. Esta disposición, conocida como excusa absolutoria, eximía de responsabilidad penal a defensores, familiares directos y parejas de los acusados de delitos graves como el feminicidio.
“Fue Marlon” son las últimas palabras de Monse a su mamá.
— Miss Coquitos (@iPiccelina) August 17, 2024
El 17 de abril de 2021 Marlon Botas Fuentes la golpeó y huyó con la ayuda de sus padres.
Hoy se cumplen 1210 días sin #justiciaparamonse#nofueunaccidente#LeyMonse pic.twitter.com/ZYifOqaaFq
MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL BUSCA PONER FIN A LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS
Durante una sesión extraordinaria, los legisladores de la Ciudad de México aprobaron modificaciones a los artículos 320 y 321 del Código Penal, eliminando las excusas absolutorias para aquellos que, por afecto o parentesco, oculten a personas acusadas de feminicidio, homicidio o transfeminicidio. Con esta reforma, los encubridores podrán enfrentar penas de dos a ocho años de prisión y multas que oscilan entre 500 y mil días de salario.
La diputada Gabriela Salido Magos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), calificó la reforma como “histórica” y un avance crucial en la protección de las mujeres y en la consecución de justicia para las víctimas. “La reforma busca evitar que familiares, amigos y personas cercanas a los presuntos delincuentes puedan evadir la justicia al encubrir a quienes han cometido estos delitos”, explicó Salido.
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LEY MONSE CERRARÁ BRECHAS LEGALES QUE PERMITEN A FEMINICIDAS ESCAPAR DE LA JUSTICIA
La “Ley Monse” fue impulsada inicialmente por la diputada Luisa Gutiérrez Ureña, también del PAN, quien argumentó que la eliminación de las excusas absolutorias es una medida necesaria para cerrar las brechas legales que permiten a los responsables de feminicidios y transfeminicidios escapar de la justicia con la ayuda de sus allegados. Jorge Gaviño, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso, subrayó que la reforma busca terminar con el beneficio legal que eximía de responsabilidad penal a ascendientes, descendientes o parientes hasta el cuarto grado de los acusados.
El contexto que rodea esta reforma es alarmante: según estadísticas mencionadas por la diputada Salido, el 70.1% de las mujeres en México de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, frecuentemente a manos de sus parejas o exparejas. Este dato refuerza la urgencia de contar con un marco legal más estricto que proteja a las mujeres y garantice que los responsables de feminicidios y transfeminicidios, así como quienes los encubren, sean llevados ante la justicia.
La aprobación de la “Ley Monse” marca un precedente en la legislación penal mexicana, reflejando un compromiso renovado por parte de las autoridades para combatir la violencia de género y asegurar que todos los implicados en crímenes de feminicidio y transfeminicidio, directa o indirectamente, enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.
