Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten

CDMX.- Organizaciones civiles solicitaron al Estado mexicano colaborar plenamente con el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura durante la visita que realizará la próxima semana, y pidieron transparencia en la información. Señalaron que, pese a avances normativos, la tortura se mantiene como “una práctica generalizada” en el país.

El planteamiento se dio en el contexto del regreso a México de expertos de la ONU en prevención de la tortura, programado del 25 al 30 de enero de 2026, con el objetivo de examinar medidas adoptadas desde la visita previa de 2016 y evaluar su impacto en la protección de personas detenidas, según lo informado por el propio subcomité.

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María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recordó que en la visita de 2016 se negó a la delegación del SPT el acceso a instalaciones militares en Iguala, Guerrero, y que el contenido del informe final se conoció después de un proceso legal promovido por organizaciones a través del entonces Inai.

Aguilar indicó que actualmente existe una ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como un Registro Nacional del Delito, pero sostuvo que el Mecanismo Nacional de Prevención, dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “no está funcionando como debería”. También señaló que hay figuras jurídicas contrarias a estándares internacionales, como la prisión preventiva oficiosa, y apuntó inconsistencias en el Registro Nacional de Detenciones, especialmente respecto de personas detenidas en contexto de migración que no aparecen en esa base.

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Por su parte, Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, afirmó que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas, como en Jalisco. “Estamos hablando que sigue siendo utilizada como un mecanismo no solamente en los procesos de detención, de fabricación de culpables, sino que además se ha extrapolado a otros contextos”, dijo.

Montiel agregó que, en su documentación, han sido señaladas autoridades como policías municipales y estatales, elementos de fiscalías o procuradurías de justicia estatales y la Guardia Nacional. Enfatizó que la visita del subcomité es relevante para “visibilizar, documentar e identificar” la situación que prevalece en el país.

De acuerdo con el SPT, durante la misión se prevén visitas a lugares donde las personas están o podrían estar privadas de libertad y entrevistas confidenciales con personas detenidas y personal de las instalaciones, además de reuniones con autoridades y el Mecanismo Nacional de Prevención. El subcomité informó que, al concluir, enviará un reporte confidencial al Estado mexicano, que sólo se hace público si el gobierno decide divulgarlo. Con información de La Jornada