2024: La contienda distrital debe ser la madre de todas las batallas, no la presidencial

La transición política del país ha hecho de la Cámara de Diputados el espacio privilegiado para su desarrollo en el sentido democratizador. En la primera etapa el objetivo era llevar la representación a las fuerzas políticas históricas que por razones diversas se habían mantenido ajenas a la vía electoral, particularmente el Partido Comunista Mexicano y la Unión Sinarquista. También a corrientes políticas del pasado reciente como el PST, PMT y PRT. El reconocimiento legal como partido político implicaba acceder a la Cámara de Diputados.

Los partidos opositores históricos y recientes se decantaron. Sólo el PAN pudo sobrevivir. El Frente Democrático Nacional y posteriormente el PRD fueron agrupaciones paraguas. En el proceso surgieron nuevas fuerzas políticas, Convergencia por la Democracia promovida por Dante Delgado, el Partido del Trabajo de Alberto Anaya y el PVEM de Jorge González Torres. Los nombres de los fundadores aluden a partidos con dueño o proyectos políticos centrados no tanto en causas, sino en la dinámica que le imprimen sus promotores. Por mucho, Dante es el más visionario y eficaz, sin tener que comprometer su identidad y proyecto. Los otros se han vuelto partido negocio al servicio del mejor postor, casi siempre el gobierno, sin importar siglas o ideología.

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La realidad es que la Cámara de Diputados ha sido fundamental para la integración de la pluralidad. Los partidos cerraron la puerta a la renovación. Elevaron el umbral de 1.5 a 3 por ciento de los votos para obtener registro, sólo pueden reconocerse nuevos partidos cada seis años y es necesario conformar previamente una APN (Agrupación Política Nacional) debidamente registrada ante el INE. Obstruir nuevos partidos es un error porque el derecho de asociación no debe estar condicionado, como sucede en casi todo el mundo democrático y porque abrir las opciones partidarias da oportunidad a la renovación del sistema de representación política.

Uno de los principios de la segunda etapa de la transición democrática es que ninguna fuerza política pudiera cambiar las reglas del juego por sí misma. Para ello se determinó el límite de 300 diputados en la Cámara y de esta manera impedir que la Constitución se modificara sin integrar a buena parte de la pluralidad, esto es, 34 diputados más. En 2018 Morena le dio la vuelta al impedimento, para ello postuló diputados de mayoría afines a través de partidos que no alcanzaron ni 3 por ciento de los votos. Con el fraude a la Constitución se constituyó la mayoría calificada.

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El tema es relevante porque el presidente López Obrador ha emplazado a sus seguidores a conseguir la mayoría calificada y cambiar así el régimen de representación política. El “plan A” de la reforma política plantea una fórmula de integración de Cámaras en la que desaparecen los partidos pequeños y sobrerrepresenta a las minorías mayores; y que los integrantes del órgano electoral, del Tribunal y los ministros de la Corte sean electos por voto directo en una circunstancia de inequidad, parcialidad de autoridades y, eventualmente, interferencia del Presidente y del crimen organizado por la vía del financiamiento o de la operación electoral en sus territorios. La vía para un narcoestado.

La clave para la disputa por la nación está en la competencia distrital en impedir que la coalición gobernante se haga, como ocurrió en 2018, de suficientes triunfos y con ello alcanzar la mayoría calificada. La oposición tiene capacidad sobrada para impedirlo, pero es necesaria la coalición de todas las fuerzas políticas, incluyendo Movimiento Ciudadano. Hasta hoy la atención se ha centrado en la construcción de la candidatura presidencial, sin embargo, para efectos de una estrategia de contención del intento de destruir el régimen democrático, necesariamente habría de privilegiarse la contienda distrital, la madre de todas las batallas, y no tanto así la presidencial.

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Aproximadamente un tercio de los resultados distritales se resuelven por una diferencia de menos de 10 por ciento de los votos; esto significa que una estrategia unificada de la oposición, con candidatos competitivos y aplicando los recursos materiales, financieros y humanos donde hay posibilidades de triunfo se puede lograr el objetivo mayor del regreso de la pluralidad al Congreso. En particular, privilegiar los distritos donde el PVEM y el PT hayan postulado candidatos a manera de minimizar el efecto corruptor de construir mayorías apócrifas.