Monopolios

Planteada como el as bajo la manga de las empresas hegemónicas para neutralizar a la Comisión Federal de Competencia bajo el alegato de monopolizar la justicia, la exigencia de una instancia superior que la sometiera acaba de caerse al pozo

La exposición de motivos señalaba que es inadmisible que la entidad en combate a las prácticas marinas (el pez grande se come al chico), fuera al tiempo policía, ministerio público, juez y de pasadita tribunal de apelaciones.

El desgarramiento de vestiduras aludía a la experiencia internacional, con énfasis en España.

El modelo hablaba de la fragmentación de la instancia antitrust en dos vertientes: una como órgano de instrucción dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, y otra como un órgano colegiado de resolución funcionalmente dependiente, pero adscrito al propio ministerio.

El primero tenía una función instructora y de vigilancia de conductas restrictivas y operaciones de concentración; el segundo asumía funciones resolutivas y sancionadoras.

El caso es que el país ibérico acaba de meter la reversa ante el pobre resultado del esquema.

La acción actual de la Comisión Nacional de la Competencia, pues, es idéntica a su similar en México.

Las razones las ofreció su titular en reciente visita al país.

De entrada, se aduce que el esquema se convirtió en una camisa de fuerza, dado que la autoridad federal decidía los asuntos a instruir y las operaciones de concentración.

Investigaciones, pues, sólo con bendición oficial, lo que dejaba de lado la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin denuncia al calce.

Más allá, se habla de ineficiencia en el procedimiento, al restaurarse y duplicarse los trámites y al prolongarse los procesos innecesariamente, lo que provocaba gastos redundantes.

Adicionalmente, se habla de ineficiencias operativas que impedían la sinergia y la especialización, además de otras limitaciones como coherencia, transparencia y disponibilidad.

Se diría que las dos instancias se lanzaban la bolita.

Del otro lado de la moneda, sin embargo, se señalaban algunas ventajas del modelo dual, atribuibles a la coyuntura.

De entrada, la liberalización y extensión de la cultura de la competencia; el alto grado de certeza en las resoluciones finales, y el seguimiento del gobierno a los criterios de la instancia superior en materia de concentraciones.

Sin embargo, la reposición del modelo anterior, es decir la instancia única a la manera de la mayoría de las naciones en la Unión Europea, con autonomía del Gobierno Federal, ha sido más efectiva.

De hecho, progresivamente ha sido adoptada por los países con mayor tradición en defensa de la competencia como Francia y Portugal.

El cambio de señales fue aprobado por el Congreso español el 3 de julio de 2007, con el apoyo unánime de todos los partidos políticos.