Slim y Gil Díaz en el banquillo
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El eje, el meollo, el epicentro de la denuncia por supuestas prácticas monopólicas absolutas planteada por un bloque de firmas de telefonía fija y celular contra Telcel y la Telefónica México apunta a una posible colusión de las compañías una y dos en México y América Latina, para desplazar a la competencia
Enemigos irreconciliables por años, el magnate Carlos Slim y el presidente de la empresa que promueve la marca Movistar, Francisco Gil Díaz, habrían soslayado agravios, choques, denuncias judiciales y zancadillas, para integrar un frente común. El cártel del inaudito.
El punto de arranque del arreglo sería la designación como consejero del grupo financiero Inbursa, el brazo financiero del imperio Slim, de Isidro Fainé Casas, quien se desempeña, en paralelo, como vicepresidente de administración de la Telefónica.
De acuerdo a los denunciantes, en cuyo embudo caben lo mismo filiales de Televisa que del grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, además de Axtel-Avantel y Marcatel, la "existencia de consejerías cruzadas podría tener como efecto una reducción de competencia, ya que al compartir consejeros dos o más empresas del mismo sector podrían ponerse de acuerdo con más facilidad para tomar medidas que reduzcan la competencia".
En Estados Unidos la Ley Clayton (Clayton Act) condena la posibilidad, en tanto el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha emitido resoluciones en que se anota que "los consejeros cruzados son una fuente clara de colusión, pues permiten el intercambio de información entre competidores".
La inclusión de Fainé Casas la avala un reporte financiero del grupo financiero Inbursa correspondiente al 2009. De acuerdo a los denunciantes, por esas mismas fechas América Móvil, la empresa hemisférica del magnate, retiró de la dirección general de su filial Net Servicios a Francisco Valim, quien había sido artífice de una estrategia para competir exitosamente contra la Telefónica de España, la matriz de Telefónica México.
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A partir de ahí, señala la querella ante la Comisión Federal de Competencia, aminoró la guerra abierta entre las firmas hegemónicas, por más que está aún en el aire una resolución de la Comisión Federal de Competencia frente a una disputa entre la propia Telefónica México y Radiomóvil Dipsa, la empresa que opera Telcel, por una supuesta práctica monopólica relativa, en su modalidad de desplazamiento indebido de la competencia. La manzana de la discordia, lo adivinó usted, eran las tarifas de interconexión.
Textualmente, la denuncia de la filial de la Telefónica de España señala que Telcel establece tarifas de interconexión "significativamente por encima de los costos relevantes en los que incurre por proporcionar dicho servicio, con lo cual incrementa a sus competidores los costos de prestar el servicio de telefonía móvil a los usuarios finales".
La Comisión Federal de Competencia había emitido previamente un oficio de presunta responsabilidad contra la filial de Teléfonos de México.
El caso es que en diciembre pasado las firmas llegaron a un acuerdo, al margen del punto final del procedimiento, para fijar una tarifa para las llamadas cruzadas de sus clientes hacia sus redes.
Esta se fijó en 95 centavos el minuto, para reducirse a 64 en el 2014, lo que representaba un porcentaje 127 por ciento más allá de lo que habían determinado la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Los denunciantes señalan letra por letra que resulta curioso que la Telefónica Española "prefiriera aceptar una tarifa de interconexión excesiva y que inhibe la competencia, a cambio de que su filial mexicana pueda costear su operación sin tener que recurrir al capital de su matriz".
Según ello, pues, las firmas que se habían combatido ferozmente en los tribunales y se peleaban palmo a palmo el mercado de América Latina, se volvieron "cuates".
En el escenario hemisférico América Móvil lidera en número de suscriptores con 205.2 millones, frente a los 148.5 de la Telefónica de España, dejando muy lejos a TIM de Brasil, cuya cartera es de sólo 65.9 millones. Iusacell tiene apenas 3.2 millones.
El escenario se repite en México, donde Telcel alcanza el 71 por ciento del mercado y la Telefónica México, es decir Movistar el 21. Nextel y Iusacell tienen cuatro por ciento cada uno.
Bajo ese parámetro, la denuncia califica a las firmas de duopolio "cuyos intereses están alineados en dividirse el mercado pan-regional, independiente de si en una región uno de los dos grupos tiene mayor presencia que otro". La querella incluye un estudio elaborado por la firma MindCode en el que se señala que las compañías no se atacan en su publicidad, no hay mensajes comparativos, ni agresividad. Tampoco guerra de precios. Como lee usted, la pelea va con todo. Slim y Gil Díaz sentados en el mismo banquillo.
Balance general
Finalmente la tenaz lucha de los agricultores de Valle del Yaqui en defensa de la viabilidad de lo que se ha calificado en justicia como el granero de México, ya rindió sus frutos. El lunes pasado la juez Octava de Distrito de Sonora, María del Rosario Alcántar Trujillo, validó un incidente de desacato del gobierno local a un amparo planteado por los quejosos contra la decisión de licitar un acueducto que llevaría a Hermosillo parte de las aguas de riego almacenadas en la presa "Plutarco Elías Calles", conocida popularmente como "El Novillo".
El gobernador panista Guillermo Padrés Elías soslayó la orden judicial, pese a que ésta había sido notificada en tiempo y forma al Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí, representado por su coordinador general, Alfonso Martínez Preciado.
De hecho, en la página oficial del gobierno estatal en internet se dio a conocer el resultado de la licitación, que le dioel triunfo a una firma de Baja California denominada "Exploraciones Mineras del Desierto". El concurso, pues, debe anularse.
La obstinación del gobernador en extraer el líquido para llevarlo a la sedienta capital de la entidad federativa, a soslayo de otras alternativas menos costosas, había dividido a los sonorenses, desatándose una guerra de desplegados y desplegándose una campaña de represión contra los disidentes.
Nada de nada
Hasta anoche, 24 horas después de vencido el plazo fijado por la autoridad, ninguno de los siete grupos que, según ello, estarían dispuestos a rescatar a Mexicana de Aviación, había demostrado liquidez. Y conste que no estamos hablando de los 250 millones de dólares que se reclaman, sino de un mínimo de un millón para abonar seriedad.
Se diría que se trata de una nueva tomadura de pelo. Las firmas en lista son el TG Group, a quien la Secretaría del Trabajo le había dado su bendición; BMC, Avanza Capital, Ahcore Int'l Logística Internacional y Value Growers. En la coladera se metió también, en lo individual, Iván Barona, quien dice representar a un grupo de inversionistas.
albertobach@yahoo.com.mx