¿Otra ley a modo?

 

La seguridad social está constituida por el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que protegen a los elementos de la sociedad contra las contingencias que pueda sufrir, y tiene por objeto garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión digna.

En  México está encomendada al Instituto Mexicano del Seguro Social y a otros organismos públicos descentralizados de carácter nacional y estatal, obligados a sujetarse a las disposiciones constitucionales.

En las entidades federativas, entre las que se encuentra Coahuila, existen leyes de seguridad social, que protegen a los trabajadores al servicio del estado, de los ayuntamientos y de los organismos descentralizados; sin que en nuestro estado haya evolucionado hacia su unificación, como ocurre en la absoluta mayoría de los sistemas de seguridad social.

En nuestra entidad existen sistemas de seguridad social para los trabajadores del estado, otro para los trabajadores de la educación del estado y los ayuntamientos, y otro más para los trabajadores de los ayuntamientos de Torreón y de Saltillo.

Por si fuera poco, el sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación al servicio del estado, está regulado por cuatro leyes y encomendado a  cuatro organismos: Ley de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, del servicio médico, de vivienda y del seguro médico, que es necesario unificar y mejorar, pues además de ineficiente es caro; por lo que puede decirse que era necesaria su unificación y actualización.

El viernes 4 de febrero, Carlos Moreira Valdés, secretario general de la Sección 38 del SNTE entregó a la Comisión de Gobernación del Congreso local, a través del Gobierno del Estado, la propuesta de la Ley que creó el Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educación.

Sin embargo, puede advertirse que no se consultó con especialistas, ni con trabajadores de esa Sección y, por su parte, el Congreso aprobó el proyecto de Ley el día 9 en sesión plenaria, con los votos en contra del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La ley aprobada con premura, según algunos de los abogados especialistas consultados, contiene errores hasta en el nombre de la naciente institución, ya que la denominación correcta debió ser Instituto Estatal de Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación a fin de establecer sus objetivos.

Además, contiene elementos inconstitucionales, como el dispositivo que señala que las entidades y organismos deberán realizar las aportaciones económicas establecidas en la presente Ley, en los posteriores acuerdos del Consejo General y en los convenios correspondientes, estableciendo disposiciones contrarias a principios constitucionales al no tomar en cuenta que las cuotas sólo pueden ser fijadas en la ley por ser impuestos o contribuciones. En el mismo sentido ilegal establece que las universidades efectuarán revisiones anuales con el Instituto respecto al servicio médico y pensiones, y podrán establecer las condiciones y costos de los mismos.

En cuanto a la integración y funcionamiento de los máximos órganos de gobierno del Instituto, se excluye a las universidades, lo que probablemente contraviene convenios internacionales suscritos por México.

Como todos sabemos, en lo que se refiere a vivienda esa ley siempre ha excluido a los trabajadores de la UAdeC y de la UAAAN, con lo que igualmente se infringe la Constitución.

Entre los trabajadores de la UAdeC, los de la UAAAN y muchos de la Sección 38, existe preocupación, inquietud, indignación, dudas y desconcierto; y tienen razón, no es para menos, pues sus contribuciones al fondo de pensiones y al servicio médico, que son un derecho, están en riesgo al no participar en la administración de dichos recursos.

Todavía hay mucho que comentar, pero el espacio se agotó; sin embargo, es claro que la nueva ley viene sesgada a favor de los directivos sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 38, ya que predominan los beneficios hacia ésta sobre los de las universidades que participan y aportan para la seguridad social de los maestros. El próximo viernes continuaremos con el tema.