Prisión sin condena

Te comparto un párrafo que debe conocerse: "En México, del 80 al 90% de los imputados son aptos para seguir su proceso en libertad provisional bajo alguna medida cautelar. Sin embargo, el uso de la prisión preventiva en México ?el cual se dicta de forma automática a las personas acusadas de haber cometido un delito? se ha convertido en una pena anticipada".

Lo trascrito, que incluye citas del texto "Retos de la reforma penal equilibrando la presunción de inocencia y la seguridad pública", coordinado por Gabriel Cavazos, es la médula de un esfuerzo que vale la pena difundir: el Proyecto Presunción de Inocencia en México (PPIM), conformado por la Open Society Justice Iniciative, la Institución Renace, la ABP, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. y Reintegra.  

"todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario", es letra muerta. Mientras se llega el juicio y se comprueba (de comprobarse) la culpabilidad, bajo la figura de la prisión preventiva hay quienes se la pasan tras las rejas.

En nuestro sistema penal, pareciera, eso viene en automático en muchos de los casos. ¿Y si nada se comprueba? Al final sólo queda el "usted disculpe" y que se rasque con sus uñas el desgraciado que tuvo mala suerte.

De crear conciencia, de eso se trata. En eso se trabaja en el PPIM.

Información encontrada en el portal www.presunciondeinocencia.org.mx del citado Proyecto resulta reveladora. En 2006, fecha del estudio más reciente, el costo anual de la prisión preventiva fue de 9.8 mil millones de pesos, lo que equivalía al ingreso promedio anual de 91 mil familias mexicanas. O, si se quiere ver desde otra óptica, el costo de la prisión preventiva de ese año fue 500 millones pesos más que el total del presupuesto destinado a seguridad pública. O, una comparación más, equivalente a más de la cuarta parte de lo destinado al programa Oportunidades (datos de uno de los libros de Guillermo Zepeda, Premio Nacional de Derecho y Economía, publicado en la página).

Toma la cifra que quieras: nos da una idea de lo que cuesta.

El asunto, además, no se limita a lo económico. Están, por supuesto, los temas de justicia y respeto a los derechos humanos. Todas las críticas que pueden hacerse al sistema penal (ahora más en moda por el asunto de la película "Presunto Culpable" del productor Roberto Hernández) empujaron una trascendente reforma constitucional que dará una nueva cara al sistema de seguridad y de impartición de justicia penal en todo el país.

Publicada en el Diario Oficial a mediados de 2008, la reforma constitucional (y otras que vinieron en cascada) iniciaron un proceso que se extenderá hasta el 2016. Es, prácticamente, el único programa transexenal.

La cosa no viene fácil. De manera insuperable, hace unos días, el ministro José Ramón Cossío publicó en periódicos nacionales la editorial "La incierta reforma penal", donde se pone en perspectiva el tema: se requieren jueces diferentes. El tema no sólo atañe a los jueces; la reforma va más allá del modo en que se dictan las sentencias.

Se cambian la forma y el fondo del proceso penal; habrá que aprender maromas nuevas. La creación de los jueces de control, la creación de los jueces de ejecución de sentencia, la inclusión de los derechos sobre datos personales, la presunción de inocencia, la defensa a cargo de expertos en la materia, la explicación en audiencia pública de la sentencia, entre otros aspectos, son la nueva cara.

¿Y Coahuila? Que se le entrará al tema sin prisas se ha dicho. Las prisas, agrego sin descubrir el hilo negro, provocan muchos de los errores en los que se incurre en toda implementación de una política pública. Habrá que avanzar, tal vez con cautela, pero hacerlo: Toda prisa tiene uno de dos orígenes: el quererse adelantar o el comenzar demasiado tarde.   
 
Trabajos como los que realiza el PPIM deberán conocerse. Sin duda, son temas que pronto estarán en la agenda.

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@victorspena