¿Narconotarios? ¿Víctimas o victimarios?

No fueron una, ni dos, sino varias personas las que me comentaron que tenían información puntual de que en Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Durango y Coahuila había notarios que directamente estaban colaborando con el crimen organizado. De hecho, las autoridades federales y organizaciones civiles detectaron desde el 2009 una nueva forma de operar de los secuestradores: llevar a víctimas o familiares ante notarios públicos para que "cedan" sus bienes y propiedades.

Es el colmo que profesionales con la responsabilidad y prestigio que representan para el adecuado funcionamiento de la legalidad en nuestra sociedad estuvieran también apoyando las actividades criminales y fomentando la violencia en el país. Según Eric Pulliam Aburto, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, ya tenían conocimiento de esta posibilidad: "bueno, sí, es un problema que es latente, y que tenemos noticias que en algunos lugares del país, algunos notarios se han visto obligados a participar en algún acto con este tipo de personas".

Según los informes, una vez que el crimen organizado establece qué propiedades le serán entregadas, pide llevar ante determinado notario las facturas y escrituras para hacer el trámite de cambio de propietario. Los inmuebles deben ser concedidos físicamente y deshabitados, y hasta que no se firma el traspaso, no liberan a la víctima, de acuerdo con las fuentes. José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, señaló que por lo menos siete notarios públicos de Tamaulipas están bajo investigación por haber participado en este tipo de ilícitos, y agrega que "existe un caso en el que a un empresario lo secuestran y cuando su hermano va a pagar el rescate lo secuestran también y además les quitan todas sus propiedades, les quitan los automóviles de toda la familia, y en cautiverio también le llevan el protocolo del notario para que ahí, estando privado de su libertad, firme las escrituras donde se transfiere el dominio".

El forzar a una persona a ceder sus propiedades es absolutamente ilegal, y debería existir una forma en que se cancelara el acto presenciado por el notario. Pero ya sea secuestro o extorsión, son muy pocos los casos en que se le devuelven sus bienes a los afectados. "Aunque el Código Civil establece que cuando la voluntad de una persona se obtiene a través de la fuerza, no solamente la fuerza física, sino incluso por las amenazas, se puede intentar una nulidad del acto", según el notario Eric Pulliam Aburto.

¿Pero quién se atreve a denunciar? Son pocos. José Antonio Ortega Sánchez señala que "hay un miedo tremendo de las víctimas de ir a denunciar, especialmente porque en los secuestros se puede notar la colusión de algunas autoridades locales con el crimen organizado".

Especialistas creen que a partir de la nueva ley federal contra el lavado de dinero recientemente aprobada, se debilitarán las estructuras financieras del crimen organizado. El experto en el tema Ramón García Gibson me comentó la relevancia de que esta ley haya sido aprobada, ya que ahora los notarios podrían enfrentar una pena de hasta 16 años de cárcel por no informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de actos ilegales sobre lavado de dinero.

Según García, cuando un cliente se acerque a su notaría a cerrar una compra-venta, o algún otro tipo de contrato de traslación de dominio, el notario va a tener que identificar de una forma más profunda al cliente para saber el origen de los recursos para la transacción, y en su momento va a tener que reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cierre de la operación.

Algunos expertos argumentan que muchos de estos notarios también son víctimas, es decir, acceden a llevar a cabo estos actos porque son amenazados, ya que de no protocolizar los bienes, su vida y la de su familia corren peligro. ¿Qué debemos hacer para que los notarios o cualquier otro profesionista, por ejemplo los contadores, no sean cómplices de estos delincuentes que causan tanto dolor a las familias mexicanas? De ser cierto esto, no sólo están en riesgo todos los notarios de ciertos estados del país.

¿Será que simple y llanamente en ciudades que se encuentran en "situaciones de guerra" tendrá que evaluarse si en ciertas ciudades simple y llanamente este servicio no se podrá impartir?

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