Legislar para los niños de México

Susana Sottoli

Representante para México de UNICEF

A 12 años de emitida la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que trasladó al plano nacional la Convención sobre los Derechos del Niño, y frente a la reforma de octubre del año pasado, que eleva a rango constitucional el interés superior de la niñez, México tiene hoy la gran oportunidad de consolidar un verdadero sistema de protección integral de los derechos de la infancia.

La ley de protección emitida durante el año 2000 representó un avance significativo, pero carece de los mecanismos necesarios para asegurar su adecuada aplicación por los diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia en México.

Muchos de los desafíos que afectan gravemente las oportunidades de vida y desarrollo de los niños y las niñas derivan de la vaguedad en el diseño institucional en la ley vigente, que deja sin definición aspectos fundamentales como la determinación de la instancia encargada de coordinar y planificar las políticas de infancia a nivel nacional.

La reforma de 2011, al conceder expresamente al Congreso de la Unión facultades para emitir leyes que establezcan concurrencia entre los diferentes niveles de gobierno en materia de infancia, abre la posibilidad de subsanar vacíos y deficiencias que hasta hoy han obstaculizado el efectivo cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados ha aprobado propuestas para emitir una nueva Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez y reformar la Ley de Asistencia Social, a ser votadas por el Pleno en estos días.

UNICEF reconoce los esfuerzos e interés de las y los legisladores para avanzar en la adecuación del marco jurídico; sin embargo, considera necesario reflexionar y analizar si dichas propuestas responden a los desafíos y oportunidades actuales para superar dichos vacíos y resolver de fondo temas medulares para la efectiva protección de los derechos de la infancia.

Por ejemplo, es crucial analizar la naturaleza del organismo en el que se depositará la rectoría de la política en materia de infancia y la coordinación del Sistema Nacional para la Protección de los Derechos de la Niñez. Regir la política de infancia desde la perspectiva de la asistencia social constituye una seria limitante para asegurar el enfoque integral e intersectorial de los derechos de la niñez. La asistencia social es un derecho esencial de los niños en situación de vulnerabilidad, pero no todos los derechos de la infancia pueden ser tutelados desde este ámbito.

Acorde a su mandato, UNICEF ha acompañado procesos de adecuación legislativa en numerosos países y regiones para asegurar su conformidad con el marco internacional y facilitar el aprendizaje entre países con desafíos similares.

Con base en esta experiencia, hacemos un respetuoso y urgente llamado para que los legisladores y legisladoras abran el debate sobre el tema. No asegurar avances sustantivos para el fortalecimiento del marco normativo para la infancia, significaría de facto retroceder en la garantía de sus derechos.

El Universal