Así llegamos los ciudadanos

María Elena Morera

En los últimos años los ciudadanos impulsamos cambios significativos en materia de seguridad con la creación, reforma y evaluación de unidades antisecuestro, de Províctima, así como los centros de control de confianza implementados para evaluar y depurar a las policías del país, entre otras muchas más comprometidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Los ciudadanos logramos también fortalecer nuestra capacidad para incidir en la vida democrática mediante campañas ciudadanas para promover la participación y obtener los instrumentos expresados en la reforma política.

En medio de la adversidad impuesta por la violencia y los compromisos de seguridad cumplidos a medias; las organizaciones de la sociedad civil nos involucramos en la construcción de la Primera Cumbre Ciudadana por México Pacífico y Justo, para encaminar una agenda ciudadana que nos diera la fuerza de impulsar demandas hechas desde y para la ciudadanía, más allá de gobiernos y tiempos políticos.

Buscamos que las demandas de la cumbre fueran atendidas por las futuras autoridades y por el aún gobierno de Felipe Calderón. Obtuvimos varias reuniones y, lamentablemente, muy pocas respuestas. La participación de cinco consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que era una de las propuestas más maduras, no terminó de concretarse a pesar de la convocatoria abierta y será parte de la herencia a la entrante administración.

Las escasas organizaciones que realizamos trabajo social en México llegamos a este cambio de gobierno con un esquema hacendario que limita el impulso de nuestro trabajo y que desmotiva que más ciudadanos se organicen y quieran contribuir a ser parte de la solución.

La senadora del PAN Marcela Torres Peimbert plantea hacerle frente a la problemática mediante una reforma a la ley del ISR, para ampliar el límite de la deducibilidad de los donativos de personas físicas y morales de 7 a 25% y para que se acceda a la autorización para recibir donativos deducibles del ISR, y que se elimine la prohibición para que las donatarias puedan incidir en la construcción de legislaciones.

Por parte de las OSC el compromiso, además del hacendario, también debe estar expresado en una mayor transparencia de los recursos, en auditorías que demuestren la utilidad social de los recursos para evitar que se cometan abusos en perjuicio de las mismas organizaciones.

La iniciativa presentada hace unos días en el Senado, que ya fue suscrita por las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD, es convergente con las demandas hechas por las organizaciones y que la misma Cumbre Ciudadana decidió impulsar como prioridad para profundizar el trabajo organizado.

La radiografía de la participación de la sociedad civil revelada en la exposición de motivos nos recuerda que el apoyo filantrópico y gubernamental hacia las OSC en México es uno de los más bajos del mundo en relación con el PIB, ya que representa sólo 0.04%; mientras que en países como EU es de 1.01%, España 0.87%, Argentina 0.38%, Colombia 0.32%, Perú 0.26%; los ciudadanos debemos dejar de pensar que todo lo puede arreglar el gobierno.

Las OSC aportamos indicadores de evaluación y seguimiento de políticas públicas; acuerdos y compromisos. Todo lo hacemos por convicción, con escasos recursos y muchas veces siendo poco escuchados por las autoridades.

Así llegamos los ciudadanos al día 1 de diciembre cuando Peña Nieto asuma formalmente la Presidencia. Él sabe que tendrá frente a sí una ciudadanía más activa y dispuesta a monitorear sus acciones, evaluar sus políticas públicas y, desde luego, libre para reaccionar ante abusos e incongruencias.