Por un Estado constitucional

México no tiene un Estado constitucional. Tiene una Constitución. Tiene un gobierno y unos poderes que protestan cumplirla. Tiene enorme respeto por los constituyentes de 1857 y los de 1917.

Ha tenido en la Constitución a un poderoso instrumento para defender a la nación en momentos determinantes. Ha sufrido muchas -demasiadas- reformas constitucionales. Sin embargo, no ha logrado construir una efectiva separación de poderes, un sistema de impartición de justicia que reduzca significativamente la impunidad, ni se puede afirmar que en su territorio se respeten de manera generalizada las leyes y los derechos humanos.

Esta situación precaria no significa que no sea importante la Constitución. Es el instrumento legitimador fundamental del poder público. Es insustituible para gobernar, en tanto que refleja las realidades históricas y actuales del poder. Sin embargo, la fragilidad actual de nuestro Estado constitucional representa un alto costo para la gobernabilidad democrática, la solución civilizada de los conflictos y la fortaleza de los derechos y las instituciones que son cruciales para un desarrollo económico sólido. Sin un Estado constitucional será imposible resolver la crisis de inseguridad y violencia que lacera a nuestra sociedad. No se podrán sostener las reformas que hagan más incluyente y productiva a la economía. El tránsito a un Estado constitucional, a partir de las condiciones actuales, es una tarea de relojería pero que no puede ser de simulación, sino de enjundia reformista. Requeriría avanzar en seis objetivos que lo harían posible.

La reforma de la Presidencia de la República. Si bien el Estado debe recuperar su capacidad rectora, ello no quiere decir que el nuevo poder deba concentrarse en una presidencia monárquica, soberana, o imperial, en la que se centralicen los instrumentos reales del poder (el manejo del presupuesto, la policía, el ministerio público y la propaganda). Una nueva concentración de poder presidencial sin control parlamentario, legal y de opinión pública puede significar alguna recuperación de orden interno pero no de un orden seguro y duradero.

Una política de seguridad y justicia en la que la brújula se oriente hacia la construcción del Estado constitucional y vaya superando la disonancia que se da cuando, de una parte, se amplían los derechos y por la otra se endurece el sistema carcelario y penal y se desatan operaciones coercitivas incompatibles con la norma suprema.

La reforma del ministerio público. No nuevas leyes que hagan más compleja la tarea y generen más desavenencias o burocratismo en el sistema de impartición de justicia, sino la formación de una verdadera institución, profesional, confiable, respaldada y no sujeta a presiones políticas para que pueda investigar con altos promedios de éxito y sostener sus casos dentro del debido proceso legal. Un reordenamiento del sistema federal. No una nueva concentración del poder central con base en la fragilidad fiscal de los estados y en sus urgencias de apoyos para hacer frente al crimen, sino en un diseño moderno, democrático, equilibrado y menos costoso.

Una decisión franca, abierta, de abrir las puertas de las instituciones a la inclusión social, al reconocimiento de la autonomía de las organizaciones sociales independientes y a la necesidad de adecuar las políticas públicas a la inclusión de los excluidos.

Una simplificación radical de la legislación electoral para que las elecciones sean libres, equitativas y la interferencia del dinero ilegal, el poder público y la violación de los principios que la rigen lleven a su anulación y a la pérdida del cargo si se comprueban infracciones mayores.

Como nación debemos cerrar la brecha entre la norma y la realidad. Decidirnos finalmente en favor del Estado constitucional. Dejar atrás el Estado pseudoconstitucional. Eso no es una tarea fundamentalmente jurídica, es política: exige recuperar la rectoría del Estado y someterla a control social.