Soberanía energética vs. soberanía hídrica

México enfrenta una encrucijada energética. La dependencia nacional del gas natural importado de Estados Unidos —cercana al setenta por ciento— vuelve vulnerable a nuestra economía, a nuestra industria y a nuestra red eléctrica frente a las decisiones políticas y comerciales de un solo país. Las amenazas recurrentes de aranceles, tensiones diplomáticas y conflictos internacionales obligan a preguntarnos si el país debe recuperar soberanía energética mediante la explotación de gas a través de la fractura hidráulica —fracking— o mantener la suspensión vigente en los últimos años.

La discusión es especialmente delicada en Coahuila. Aquí no se trata solo de producir energía: se trata de proteger el recurso más estratégico del norte del país: el agua. Cuando se habla de soberanía energética, casi siempre se piensa en la capacidad de producir combustibles propios y depender menos del exterior. Pero existe otra soberanía igualmente importante: la soberanía hídrica.

El gas natural puede importarse, almacenarse, sustituirse o comprarse a distintos proveedores. El agua no. Es un recurso local, esencial e insustituible para la vida, la producción agropecuaria y la estabilidad ecológica de toda la región.

La Comisión Nacional del Agua reconoce que el acuífero de la Región Carbonífera tiene un margen extremadamente limitado para nuevas extracciones. El problema es que el fracking puede requerir millones de litros de agua por pozo. Multiplicado por decenas o incluso cientos de perforaciones, el conflicto entre la extracción energética y la disponibilidad hídrica deja de ser hipotético y se convierte en una amenaza directa.

A ello se suma que esta región depende de los ríos Sabinas y San Rodrigo, así como de numerosos escurrimientos menores que sostienen la ganadería, la fauna silvestre y los ranchos cinegéticos que generan empleo, conservación ambiental y turismo internacional. Toda esa economía regional depende de agua limpia, de ecosistemas sanos y de suelos no contaminados.

Los riesgos asociados al fracking ya han sido documentados en otros países. En Pensilvania y Wyoming se registraron casos de contaminación de acuíferos vinculados a operaciones de fractura hidráulica. Estudios de universidades como Yale y Cornell han señalado posibles afectaciones a la salud humana y al ganado en zonas cercanas a pozos de extracción. También existen evidencias de sismicidad inducida y fugas de metano, un gas de efecto invernadero mucho más agresivo que el dióxido de carbono en el corto plazo.

Por ello, diversos países y estados han decidido prohibir o restringir esta técnica, entre ellos Francia, Alemania, Escocia, Irlanda y varios estados de Estados Unidos y Canadá. No se trata de posturas ideológicas, sino de evaluaciones de costo-beneficio basadas en evidencia científica.

Además, existe un nuevo elemento que comienza a modificar el debate energético mundial. Durante años se argumentó que las energías renovables no podían sustituir a los hidrocarburos porque el sol y el viento son intermitentes. Sin embargo, los avances recientes en el almacenamiento de energía están cambiando rápidamente esa realidad. Hoy existen sistemas capaces de almacenar energía mediante baterías de gran escala, hidrógeno verde y almacenamiento térmico, lo que permite utilizar posteriormente la energía generada por el sol y el viento cuando las condiciones de producción no son favorables.

Esto debilita cada vez más el argumento de que el fracking es la única alternativa viable para garantizar la estabilidad energética. El verdadero debate ya no debería centrarse exclusivamente en producir más gas, sino en definir qué recursos estratégicos estamos dispuestos a sacrificar para lograrlo.

La trampa del debate nacional consiste en presentarlo como una elección binaria: o aceptamos el fracking o seguimos dependiendo de Estados Unidos. Es un falso dilema. México puede diversificar sus proveedores, fortalecer las energías renovables, invertir en almacenamiento de energía y mejorar la eficiencia de su red eléctrica sin comprometer de manera irreversible sus acuíferos.

Coahuila ya conoce los costos humanos de los modelos extractivos mal regulados. Pasta de Conchos y El Pinabete siguen presentes en la memoria colectiva de esta región. Por ello, cualquier decisión relacionada con nuevas formas de extracción debe tomarse con extrema prudencia, transparencia y participación pública.

Desde la Región Carbonífera, vale la pena preguntarse si resolver una vulnerabilidad energética justifica crear otra aún más grave y permanente: la pérdida de la seguridad hídrica.

Defender el agua no es oponerse al desarrollo. Es reconocer que sin agua no es posible el desarrollo.

Para quienes deseen profundizar en este tema, con gusto puedo compartir información técnica y bibliografía adicional sobre el fracking y sus implicaciones.

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