Pacto, ¿democrático o charro?

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Opinión
/ 9 junio 2013

Algunos quieren convencernos de que el Pacto por México es un pacto histórico, como lo fueron los acuerdos de transición de régimen político en España que pusieron fin al franquismo, en Sudáfrica que terminaron con el appartheid y los que permitieron concluyera el pinochetismo en Chile

Esos tres ejemplos fueron pactos democráticos con repercusión histórica. El Pacto por México es un acuerdo político circunstancial.

El pacto circunstancial fue posible porque coincidieron la falta de una mayoría clara en favor del presidente Peña Nieto, el proyecto de reformas estructurales que impulsan la tecnocracia y el capital externo y las debilidades de los dos principales partidos de oposición. Todos estaban débiles, les convenía sumar fuerzas.

La viabilidad del Pacto en los términos actuales es cada vez menor. Su papel de gran legislador, quien define la agenda y los parámetros principales de las reformas, ya ha entrado en crisis en la medida en que los grupos parlamentarios han reclamado autonomía. Los resultados electorales difícilmente ayudarán a las oposiciones a legitimarse y la debilidad de la representación se acentuará una vez que entren al proceso las reformas fiscal y energética. La luna de miel está llegando a su fin.

En la desesperación, las dirigencias partidistas y el gobierno han empezado a cometer errores políticos serios. El principal: utilizar los instrumentos del Estado de manera facciosa. Lo mismo cuando se dan interferencias ilegales como quedó demostrado en Veracruz con la utilización de la campaña contra el hambre con propósitos partidistas, o de los instrumentos de comunicación que obedecen al régimen para intentar someter a las disidencias de los legisladores. Craso error que debilita al gobierno y a las dirigencias burocráticas de los partidos.

En la historia del movimiento sindical mexicano, sobre todo después de la Segunda Guerra, cuando un sindicato ganaba autonomía, los trabajadores corrían el riesgo de que sus reclamos y sus dirigentes democráticos resultaran incómodos para las empresas y en el caso de los sindicatos nacionales al gobierno. Los movimientos autónomos solían terminar con el sometimiento de sus liderazgos y la imposición de líderes a modo que, sin tener respaldo en la base, conseguían los cargos por la vía de corromper o reprimir desde el gobierno a sus adversarios. Se recuerda, por ejemplo, el caso del movimiento ferrocarrilero a finales de los años cincuenta. Cuando Demetrio Vallejo ganó por amplia mayoría las elecciones seccionales en el sindicato ferrocarrilero, se intentó corromper el movimiento y cuando no se pudo, se recurrió a su encarcelamiento y se impuso a un líder a modo "charro" que se encargó de defender los intereses del gobierno.

Esa puede ser la tentación en el Pacto por México; ahora sin recurrir a la cárcel, pero si al intento de desprestigio, con los instrumentos de comunicación del Estado, a cualquiera que intente hacer política fuera del Pacto.

Para el gobierno ese camino resultaría un error político, pues al momento decisivo no tendrá con quien negociar. Para los dirigentes partidistas también sería un error, pues la "fuerza" que ganan de nada les servirá para mejorar sus resultados electorales o ganar legitimidad interna. Antes de proseguir por ese camino, sería de sentido común buscar la mayor concordia interna en vista de las elecciones y salidas políticas legítimas en función de los resultados electorales.

Hay una evolución distinta que hoy pareciera casi imposible, pero que sería la mejor. Hay que apostar a la reforma de las instituciones. A poner un fin ordenado a la Presidencia autoritaria, delegativa, y a la escandalosa falta de rendición de cuentas que prevalece a nivel federal y en los estados. El Pacto está perdiendo vigor. Sostenerlo con instrumentos "charros" agravaría los problemas que se pretende resolver. Hay un camino diferente: reformas económicas con equidad y democratizar el régimen político.



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