Manzana envenenada

La advertencia de Cuauhtémoc Cárdenas, en nombre de toda la izquierda de México, fue clara: si llega a pasar la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Neto, buscarán que un plebiscito la revierta el próximo año. El Presidente debe medir las consecuencias que tendrán sus próximas decisiones. Tiene los votos suficientes en el Senado para sacar las reformas constitucionales que desea, pero no tiene el consenso, y hay un ala radical del peñismo que considera que la Reforma bien vale el fin del Pacto por México y una mala relación con la izquierda el resto del sexenio. Un plebiscito si se aprueba la Reforma en los términos como la planteó el Presidente, lo llevará a una derrota moral. La izquierda necesita un millón 630 mil firmas para que el plebiscito diga "no" a la Reforma, que puede recabarse con las firmas de los perredistas en sólo cinco delegaciones del Distrito Federal: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Alvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Cárdenas planteó el plebiscito de acuerdo con la fracción VIII del artículo 35 constitucional que lo establece para medidas de trascendencia nacional, pero el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, respondió que no era posible porque no está reglamentado. Es decir, puede haber cuantos plebiscitos quiera la izquierda, pero para efectos legales, no valen nada. Sin embargo, no es un asunto de sumas y restas.

En este choque político e ideológico, para lograr una reforma que detone el desarrollo, lo primero a evitar es la exclusión. Una postura confiada del PRI que sabe que con sus aliados y concesiones baratas -en la lógica del costo-beneficio- al PAN, tendría las dos terceras partes del Senado y la Cámara de Diputados para sacar adelante la reforma constitucional, avalada por cuando menos 17 congresos estatales -tiene control en la mayoría-, le puede dar una manzana envenenada. Pero esa actitud lo llevaría a una confrontación de las que se sabe dónde empiezan pero no dónde ni cuándo terminan.

La posición de Cárdenas y todo el PRD es dura en tono, pero abierta a la negociación. El rechazo a sus propuestas permitirá que la izquierda social de Andrés Manuel López Obrador, que por definición rechaza cualquier acuerdo con el gobierno y es radical sobre la inamovilidad de Pemex, tome la fuerza que necesita para convertirse una vez más en un actor central de los asuntos públicos. También dará banderas a otras organizaciones que vincularán la defensa del petróleo a sus demandas particulares, como la Coordinadora magisterial que desde el martes añadió a su protesta la Reforma Educativa.

El escenario de conflictividad no está para posiciones extremas y excluyentes, sino para la negociación. Hay dos formas de hacerlo. Una es aquella cuya técnica, utiliza modelos matemáticos y Teoría de Juegos, como la empleada en las negociaciones de la Convención sobre el Derecho del Mar, donde se creó un sofisticado mecanismo financiero donde todos los países estuvieran satisfechos. Otro tipo de negociación es la que separa a las personas de los temas, cuya técnica busca eliminar primero los agravios y prejuicios del interlocutor para que, una vez que se entiende cómo lo perciben, se elimine la desconfianza y el recelo antes de proceder a la negociación sobre los temas, como se está haciendo actualmente con los talibanes y las FARC.

Si extrapolamos los modelos a la realidad mexicana, donde las personas y los temas se entremezclan, el segundo modelo parece el camino natural. Pero para lograrlo, el gobierno debería tener la disposición de negociar con sus más radicales opositores, como hizo el británico con el Ejército Republicano Irlandés. Sin embargo, en la actitud pública del gobierno peñista no parece existir, en este momento, esa disposición. La negativa inconsciente -porque declaran sí tenerla- se refleja en el discurso de venta de la Reforma, totalmente técnica, y con contradicciones en los mensajes. Utilizan alegatos financieros y económicos, como si sus interlocutores estuvieran en esa misma frecuencia. El gobierno repite que la Reforma es pivote para el desarrollo, mientras que la izquierda asegura que se entregará el petróleo, propiedad hasta ahora de los mexicanos, a manos privadas. Para la izquierda, la Reforma es centrípeta; para el gobierno, centrífuga. Es decir, las dos propuestas de cambio para el desarrollo -en la que coinciden-, caminan en sentido opuesto.
¿Cómo lograr que vayan en la misma dirección? Con negociación política, no argumentación tecnocrática. Si al gobierno le interesa una reforma consensuada, deberá acercarse a la izquierda y hacerla parte de la Reforma.
De otra forma, los votos le darán la Reforma Energética, y un país polarizado y confrontado.

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