Petróleo, errores de estrategia

Opinión
/ 2 octubre 2015

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha cometido errores de estrategia política que incidirán en todo el proceso de la reforma energética que impulsa

En vez de que su acción estuviera articulada en torno a cómo mejorar Pemex; lo está respecto a cómo dar garantías a la inversión extranjera para acelerar la explotación del petróleo del Golfo y el gas shale. La secuencia conveniente era la inversa. Primero decidir el marco regulatorio y las decisiones políticas fundamentales sobre el uso de la renta petrolera (qué % al fisco, al fondo soberano y la protección a las próximas generaciones). Con instituciones fortalecidas, plantearse acciones necesarias para rescatar y limpiar Pemex (autonomía fiscal y administrativa, productividad, corrupción). Con una empresa pública ordenada, transparente y revitalizada, decidir qué tipo de asociaciones tecnológicas y empresariales serían imprescindibles. Para esa ruta tendría un enorme apoyo político y social.

En vez de seguir ese camino, lo que hizo fue ofrecer en el extranjero el cambio en el régimen de propiedad sobre la energía que les permitiría a las empresas extranjeras incluir el petróleo y el gas mexicano en sus reservas contables. Al hacerlo se colocó en un callejón muy estrecho. Si no les cumplía, precipitaría una salida peligrosa de capitales. Y para cumplirles, llevaría al país a una polarización también peligrosa, en las calles, pero sobretodo innecesaria, cuando tenía la opción de crear un nuevo Pemex sin ningún cambio constitucional, con un nuevo régimen fiscal, con algún endeudamiento adicional completamente asequible en los mismos mercados en los que se financiarán las empresas petroleras y con contratos con las empresas tecnológicas que le permitirían levantar el nivel tecnológico de la empresa mexicana y formar nuevos cuadros nacionales.

Era otra ruta, pero de nuevo se apoderó de nuestros dirigentes la ambición de resolver todo de un golpe. No se ha aprendido la lección de lo que ocurre cuando se pretende dar saltos en la modernización económica sin que éstos vayan acompañados de los nuevos sustentos institucionales. Ya se vivió con el petróleo en el sexenio de José López Portillo y con el TLC en el de Carlos Salinas, donde aun habiendo tenido éxito en ampliar la plataforma petrolera y después en conseguir la aprobación del Tratado, se presentaron circunstancias que modificaron radicalmente las expectativas e hicieron muy difíciles y costosos sus finales.

El presidente se lanza a abrir de golpe la energía con un Estado debilitado en su capacidad para: investigar los delitos, perseguirlos, juzgarlos; fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos; lograr que sus funcionarios ejerzan eficaz y legalmente sus funciones; aplicar la ley a los particulares, limitar a los poderes fácticos y frenar la corrupción y la impunidad. ¿Con qué instituciones, regulación y contrapesos; con qué autoridad se hará cumplir la ley y se defenderá el interés público ante intereses aún más poderosos que los que hoy rivalizan al gobierno? Lo hace con todos los pasivos del antiguo régimen, sin visión ni determinación para democratizar el régimen político.

De nuevo este gobierno hace una apuesta de alto riesgo. Cambio Constitucional y fiscal con demasiados frentes abiertos (economía estancada, disminución de la aprobación presidencial, crecimiento del malestar, regiones calientes por la inseguridad y la violencia, oposición magisterial activada, activismo radical latente que puede llevar a choques con la fuerza pública).

En el discurso hay un error en el trato a los opositores al pretender arrebatarles sus banderas y símbolos de manera tramposa. Se le revertirá la utilización de la memoria del General Lázaro Cárdenas para justificar lo contrario de lo que él general defendió toda su vida. Ese abuso ha sido visto como la confirmación de un engaño, en un momento donde si algo conviene a la gobernabilidad es construir confianza y tender puentes.

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