No basta afirmar que Pemex no se privatizará

Voceros del Gobierno y del PAN al hablar sobre la reforma petrolera, cada cual con sus matices, han planteado la necesidad de abrir la explotación de hidrocarburos a la inversión privada; ambos coinciden en señalar, y lo hacen de manera enfática con ánimo de convencer, que Pemex no será privatizado. Lamentablemente, al menos por lo que se puede conocer a través de los medios de comunicación, las propuestas no van más allá de esa afirmación.

Para el éxito de la reforma -medido en términos de beneficios para la Nación- no basta señalar que Pemex no será privatizado.

El petróleo y Pemex son tan importantes para la economía nacional y siendo los hidrocarburos patrimonio de la Nación, que sería deseable que al tocar los temas de la reforma en materia petrolera se explique cómo se piensa que Pemex puede ser y será mejorado; cómo fortalecerlo para que la explotación de los hidrocarburos sirva mejor a México; qué se piensa hacer para que Pemex sea exitoso en un contexto de más competencia.

Centrar el debate en cómo abrir este sector a la inversión privada, sin vincular las acciones que se pretendan hacer a la mejora de Pemex, sería un lamentable error, que en un extremo podría llevar a que se estanque el debate y no haya reforma, y todo siga igual, lo cual sería muy lamentable.

Una reforma energética, realmente a favor de México, debe proponer de manera inexcusable cómo mejorar Pemex, plantear las acciones necesarias para transformarlo en una empresa pública eficiente, competitiva; es más, si este reto de transformación de Pemex no se resuelve adecuadamente, el riesgo es que la reforma que eventualmente se llegue a aprobarse traduzca en otra mala experiencia privatizadora.

Más competencia y eficiencia en la explotación de hidrocarburos son necesarias y potencialmente benéficas para el País, mas no olvidemos que la apertura a la inversión privada no es sinónimo de más competencia y eficiencia.

Los ejemplos abundan en México, basta ver el caso de la banca, una banca de enormes utilidades que presta poco y caro al sector productivo; o el de las Telecomunicaciones, que ofrece al consumidor servicios caros y de regular calidad.

Mejorar el desempeño de Pemex no es tarea sencilla. Requiere mucho más que la afirmación de no privatizarlo, exige superar múltiples retos, ninguno de ellos simple y todos ellos con condición necesaria para una apertura a la inversión privada que logre ser beneficiosa para los intereses nacionales; lo contrario, quedarnos en la afirmación de no privatizar Pemex, sólo producirá nuevos rentistas que de manera indebida se apropiarían de la renta petrolera.

Uno reto central a superar para mejorar el desempeño de Pemex, consiste en la modernización de su regulación; es necesario renovar el marco regulatorio actual.

Para tal tarea son muchas las preguntas a resolver:

1. ¿Qué papel debe tener el Congreso? ¿Debe la Cámara de Diputados seguir aprobando el presupuesto de Pemex y su programa de inversión?

Pienso que no. El Congreso no es una institución diseñada para operar una empresa como Pemex.

El Congreso no debe tener injerencia en decisiones de esa índole. Ello debe competir a los órganos de dirección de la empresa. El Congreso debe participar en la definición de la política en la materia, el marco regulatorio, los grandes objetivos a alcanzar y hasta allí.

2. ¿Qué papel debe tener el Ejecutivo en la conducción de Pemex? ¿Debe Hacienda seguir autorizando las inversiones y fijando los precios de los productos que vende Pemex?

Definitivamente no, el Gobierno no debe administrar Pemex, ni ser quien autorice su inversión ni fije sus precios.

Debe, sí, junto con el Congreso, definir la política en la materia, ejercer las funciones de autoridad y regulatorias que la ley establezca, pero no debe más administrar a Pemex.

La explotación de los hidrocarburos genera volúmenes muy importantes de renta económica, por lo mismo el marco regulatorio que se establezca debe también contemplar mecanismos para controlar a los políticos.

El nuevo marco regulatorio debe eliminar la enorme discrecionalidad con que actualmente pueden disponer de estos recursos.

Las nuevas reglas deben proscribir que se le pueda ordenar a Pemex, desde el Ejecutivo, otorgar un subsidio a determinado el sector de actividad, bajándole los precios de sus productos; la regulación actual lo permite, los ejemplos abundan. Una decisión de esta naturaleza es en realidad un subsidio que se otorga con cargo a Pemex, como producto de la decisión personal de uno o más Secretarios de Estado; usualmente se trata de una decisión que no responde a una política pública debidamente analizada y debatida por el Congreso, que es la institución que tiene la facultad de aprobar el uso de recursos públicos para subsidiar a un determinado sector de actividad; son decisiones opacas, de las cuales nadie rinde cuenta a nadie, y cuyos efectos jamás son evaluados.

Esta discrecionalidad debe regularse. Y estipularse que Pemex no debe subsidiar a nadie. Si el Gobierno considera necesario subsidiar a algún sector de actividad por razones de interés público, debe hacerlo con recursos de los impuestos y pasando por el Congreso para su discusión y aprobación.

En suma, es imprescindible revisar a profundidad y amplitud el marco regulatoria actual. La reforma energética tiene que precisar con claridad las funciones de las instituciones políticas -el Congreso y el Ejecutivo-en este tema, prever, crear o fortalecer los actuales órganos técnicos y de supervisión necesarios para proveer información y análisis que soporten las decisiones políticas.

La reforma debe también establecer los límites a la discreción de los políticos para el uso de la renta petrolera y crear los mecanismos para asegurar que se respeten tales límites.

La reforma energética tiene que definir el proceso para transformar a Pemex en una empresa pública, resolver si es o no necesario crear alguna otra empresa pública, similar en naturaleza a Pemex, para explotar el gas o para asociarse con empresas privadas, definir las reglas para la gobernanza corporativa de Pemex y las nuevas empresas públicas que se creen; así como para asegurar su manejo como empresa, los métodos modernos para su fiscalización y para un manejo transparente.

La reforma debe modificar también el trato fiscal que se dará a Pemex en el marco de más competencia. Con el régimen actual, donde el Gobierno se queda prácticamente con el 100% de la renta petrolera para financiar su gasto, ni Pemex ni nadie puede ser eficiente: no hay manera de financiar de manera sana un desarrollo adecuado de las reservas petroleras. No hay manera de competir.

Un trato fiscal a Pemex similar al que recibe la estatal noruega, una de las más exitosas, haría que el balance de Pemex se viera diferente, ya no tan lejos del de una empresa petrolera actualmente considerada exitosa.

El nuevo trato fiscal liberaría recursos importantes. Son parte de la renta petrolera, y la reforma debe regular su destino, que no puede seguir siendo el financiar gasto corriente del Gobierno. Hay ejemplos exitosos de cómo usar la renta petrolera, aprendamos de ellos.

La naturaleza de los hidrocarburos, de recurso no renovable, y del mercado de los hidrocarburos, que es volátil, aconseja que la renta petrolera se use para financiar sólo inversiones que contribuyan a la seguridad energética del País, a la investigación y el desarrollo tecnológico en la materia y a formar reservas que mitiguen los vaivenes del mercado.

No basta, pues, que el Gobierno y los partidos políticos digan que Pemex no se privatizará. Asimismo, debemos decir basta a que desde múltiples ámbitos se denigre a Pemex, señalando sus ineficiencias para justificar la apertura a la inversión privada.

Sí hay que analizar las fallas y limitaciones de Pemex, pero hay que hacerlo con el fin de precisar sus causas para identificar lo que se debe hacer para mejorarlo.

Sólo en el contexto de una reforma que plantee un adecuado proyecto para el fortalecimiento y mejora de Pemex, será posible modernizar su relación con las actividades privadas y lograr que sea de nuevo palanca del desarrollo industrial de México; que sea capaz de competir con éxito en un marco de apertura a otros actores en el mercado de hidrocarburos y de asociarse de manera rentable con inversión privada en proyectos energéticos.

Sólo un Pemex renovado y fortalecido, como objetivo de la reforma, hará posible maximizar la renta petrolera en beneficio de la Nación.

Si nos limitamos a afirmar que Pemex no será privatizado, la reforma, insisto, va a resultar en otra mala experiencia privatizadora que beneficiará a unos cuantos. Esperemos que las iniciativas de reforma que se anuncian para los próximos días realmente se propongan mejorar Pemex. Sería lo deseable para México.

Rogelio Montemayor Seguy
COLABORACION ESPECIAL
* El autor fungió como Director de Pemex y exgobernador de Coahuila