Desapariciones en Chihuahua y el nuevo cucurucho

Santiago Corcuera

Según reportes periodísticos, corroborados por organizaciones de familiares de personas desparecidas, en el estado de Chihuahua hay más de mil 500 casos de personas desparecidas.

Las autoridades deben recordar que la desaparición es un crimen de carácter permanente o continuado. Es decir, el crimen se comente momento a momento, y no cesa sino hasta que el caso es esclarecido. Para que un caso de desaparición se considere esclarecido es necesario que se determine, más allá de toda duda, la suerte o el paradero de la víctima; o sea, se necesita saber dónde está la persona que se hallaba desparecida, si es que vive; o si hubiere muerto, es necesario determinar con certeza que los restos corresponden al individuo en cuestión, lo cual puede corroborarse con pruebas tan confiables como las del ADN. Los gobiernos deben asumir esa realidad y esa responsabilidad. Decir puerilmente: "en Chihuahua ya no hay desapariciones", como el gobierno dice, no es enfrentar el problema, sino negarlo.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU visitó nuestro país en marzo de 2011. En su informe se muestra una desgarradora realidad, y, entre las múltiples recomendaciones que formula, se destaca la primera de ellas: "El Grupo de Trabajo recomienda que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación."

La recomendación es contundente, pero vergonzosa para los destinatarios de la misma (¿quién puede ser el destinatario? Todo gobernante que niegue el problema. Dice el dicho: "al que le quede el guante, que se lo plante").

En un artículo titulado "¿A dónde van nuestras desaparecidas?", de Linda Flores que se encuentra en el blog Por un Chihuahua Sin Temor (chihuahuasintemor.blogspot.mx/), la autora dice no entender la negación gubernamental; "probablemente si se reconociera y -por ende- se hablara, se podría atender la problemática, y más cuando las mismas instancias encargadas de procurar justicia saben que, por ejemplo, en el caso de la trata de personas, algunas mujeres, niños y niñas que se encuentran desaparecidas y están siendo tratadas son víctimas de explotación sexual, mientras que hombres que tienen categoría de desaparecidos son reclutados y tratados por el crimen organizado".

En una nota periodística se relata que el día 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, "en Chihuahua, familias de desaparecidos junto a organizaciones civiles habrán de realizar marchas y mítines en contra del Estado, al cual señalan de `negarse a reconocer la existencia de este fenómeno en la entidad'" (laopcion.com.mx/noticia/4248). En otra nota se aduce que el fiscal chihuahuense no solamente niega el problema, sino que dice que es un invento de las organizaciones no gubernamentales (elpionero.com.mx/notas.pl?n=55152&s=7).

Es urgente que en Chihuahua y en todo el país se reconozca el problema mayúsculo de las desapariciones que se originaron en el sexenio pasado y que no han sido esclarecidas, así como respecto de aquellas que por desgracia se siguen produciendo actualmente, para poder dar respuesta efectiva y justa a las madres y familiares de las personas desparecidas. Es por ello que, además, resulta urgente que la recientemente creada Unidad de Búsqueda de la PGR rinda informes frecuentes respecto de los trabajos realizados y, sobre todo, de los resultados obtenidos. ¡Resultados! ¡Resultados!

PD. El pasado día 3, la SCJN resolvió que la Constitución y las normas que reconozcan derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México sea parte tienen el mismo rango, pero, a la pirámide jurídica le puso un cucurucho hasta mero arriba, en el que colocó a las peores normas: las restricciones constitucionales a derechos, creando el nuevo principio anti-persona.

Twitter: @Corcueras