Empuja Trife la democracia participativa

Por: Maite Azuela

La reforma política sigue detenida en una espesa nube cuyas moléculas suspensivas se mueven con lentitud. Están conformadas por intereses partidistas, interdependencia para liberar otras reformas y un pacto desgastado carente de fuerza política, para dejar sobre la mesa una propuesta integral y de consenso.

El plazo para materializar la regulación secundaria de la reforma constitucional venció en agosto pasado. El PAN ha planteado incluso abiertamente su disposición a liberar las discusiones de la reforma energética siempre y cuando se dé prioridad a la reforma política. La propuesta de reforma político-electoral que plantean junto con legisladores del PRD tiene muchos más elementos que los dispuestos en la constitucional decretada por Felipe Calderón el año pasado. Amarrar esa regulación al avance de otros cambios de índole constitucional, inevitablemente, retrasa la materialización en reglas y procedimientos para hacer ejecutables los mecanismos de iniciativa ciudadana, consulta popular y candidaturas independientes.

Podríamos tomar este retraso como una consecuencia más de la dinámica de poder que acelera o frena las reformas a capricho de las fuerzas políticas. Pero las consecuencias de esta demora violan los derechos de los ciudadanos. Ya que pesar de que los derechos políticos de un ciudadano que desea lanzarse como candidato independiente están salvaguardados por la Constitución, hoy no existen reglas federales que indiquen el proceso que debe seguir. Lo mismo ocurre con la consulta popular y la iniciativa ciudadana a nivel federal.

Afortunadamente tenemos un evento de referencia que enciende una luz de alarma para que los legisladores den cumplimiento a su obligación de emitir regulación secundaria de estas figuras cuanto antes. En Tamaulipas, el PAN inició un juicio de revisión constitucional electoral contra la omisión de la 61 legislatura estatal, solicitando que se realizaran las modificaciones a la legislación electoral en la materia.

El juicio tuvo que ser resuelto en el Trife y la sentencia fue votada por unanimidad. Básicamente aludieron a que tanto las candidaturas independientes como la iniciativa ciudadana y la consulta popular son mecanismos que podrían formar parte del siguiente proceso electoral local, toda vez que previo al inicio del mismo debe estar regulada la forma de participación de los ciudadanos que quieran acceder a un cargo de elección mediante candidaturas independientes. Considerando que las consultas populares se deben realizar el día de la jornada electoral, no regularlas afecta sin duda el próximo proceso electoral local. Por lo que respecta a la iniciativa ciudadana, sugieren que sea regulada por el propio instituto electoral local, ya que se entiende como una participación de la ciudadanía en la creación de leyes, pero esto debe ser previamente definido por el congreso local.

Así, tras un detalladísimo análisis de las formas y oportunidad del juicio,el magistrado Luna Ramos determinó que existe transgresión constitucional y solicitó que se atienda la omisión legislativa del Congreso de Tamaulipas, señalando con una contundencia admirable que "la falta de la emisión de una norma, sea del carácter que sea, violenta los derechos humanos". Finalmente, ordenó a ese Legislativo que emitiera las normas secundarias con el fin de dar regularidad al mandato constitucional.

Ojalá se replicara este juicio a nivel federal. La pregunta es si algún partido estaría dispuesto a velar por los derechos políticos de los ciudadanos. Quizá tendrá que ser algún aspirante a candidato independiente quien deba iniciar el juicio. El hecho es que una vez que la sala suprema ha ordenado a un congreso local, podría sin duda obligar al Congreso federal a que emita la regulación pendiente cuanto antes. Celebremos la sentencia y esperemos a que sea replicada pronto en otras entidades y en la Federación.

(*La autora es analista política y activista ciudadana)

Twitter: @maiteazuela