La trampa de la violencia manejable

Por Alejandro Hope

En 2010, Ciudad Juárez era un infierno. Casi 4 mil homicidios en un año, más de diez por día en promedio. Dos años después, la situación lucía muy distinta: para octubre de 2012, se registraba apenas un homicidio por día. Una reducción espectacular de 90%. Corre videotape dos años más: en julio de 2014, 39 asesinatos en Juárez, algo más de uno por día. La caída se detuvo.

Y no se detuvo en un buen lugar: en los primeros siete meses de 2014, se han registrado 270 asesinatos en esa ciudad fronteriza. Eso implica un total anual de 465 víctimas mortales: más que en España.

Algo similar empieza a suceder en Monterrey: en 2011, se registraban casi 60 homicidios dolosos por mes en ese municipio. Para diciembre de 2013, la cifra se había reducido a 16. Y en esos entornos ha rondado el número desde entonces: en el primer semestre de 2014, se reportaron en promedio 13 asesinatos intencionales por mes.

Y en Baja California, considerado hasta hace poco un caso de pacificación exitosa, ha sucedido algo peor. Entre 2009 y 2012, el número de homicidios intencionales disminuyó 62%. Pero en 2013, la curva cambió de dirección abruptamente: según INEGI, los asesinatos aumentaron 32%, la mayor tasa de incremento de todo el país.

Esos casos muestran que la disminución de la violencia no es siempre lineal ni permanente. Un periodo de alta violencia puede dejar de legado una condición endémica de delito e ilegalidad.

Los primeros pasos de un esfuerzo de pacificación son razonablemente sencillos: mayor presencia de la autoridad, mejor coordinación interinstitucional, persecución focalizada a grupos violentos. Los pasos siguientes, los que pueden llevar a condiciones de seguridad similares a los de países desarrollados, son difíciles: reconstrucción de las policías, reforma del sistema de justicia penal, transformación de las prisiones, reducción de condiciones sociales criminógenas.

Esos procesos exigen compromiso político sostenido. Y no hay compromiso sin insatisfacción con el estado de cosas, sin una negativa a simplemente administrar la realidad.

Por eso preocupan las declaraciones recientes del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, sobre la evolución de la violencia en el país: El número de muertes violentas tiene un decremento del 12.5% [en 2013] y coloca a nuestro país en un estándar de 19 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Podríamos preguntarnos si 19 es un número manejable, y la respuesta contundente es sí.

Surge una pregunta obvia: ¿manejable para quién? ¿Para el gobierno? Tal vez: poco ruido en los medios, bajo impacto en las urnas ¿Pero manejable para la sociedad? Una tasa de 19 homicidios por 100 mil habitantes es tres veces superior a la media global (6.2). Implica tener estados con tasas similares o superiores a las de países centroamericanos (por ejemplo, Guerrero, Chihuahua). Significa que hay subgrupos de población (por ejemplo, hombres de 18 a 24 años sin primaria completa) que enfrentan un riesgo de muerte violenta dos a tres veces superior al de un habitante promedio de Honduras.

No, México no tiene niveles manejables de violencia criminal. Ni de cerca. Inquieta que se crea lo contrario en los primeros círculos de autoridad del país, que se asuma que la tarea es administrar la inseguridad, que no exista sentido de urgencia y, peor aún, que la mejoría de los últimos meses es irreversible.

Como he dicho en otras colaboraciones, hay que aplaudir la disminución en los niveles de violencia. Pero eso no puede dar lugar a la complacencia y la autocelebración. No estamos aún para confeti, elogios y palmaditas.


(El autor es director de Política de Seguridad, IMCO)

Twitter: @ahope71