11 Reformas 11

Por Leonardo Valdés Zurita

Sobre la presentación del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ha dicho y escrito casi todo. Los anuncios de la construcción del aeropuerto, de la ampliación del Metro y de la transformación del programa Oportunidades, animaron muy diversos análisis en estas páginas. Además, se ha puesto en el espacio público la pertinencia de volver a un formato que permita que el Presidente acuda al Congreso de la Unión a dar cuenta del estado de la administración pública federal, lo que implicaría una nueva reforma constitucional, que podría permitir el diálogo entre el titular del Poder Ejecutivo y los integrantes del Legislativo. Se argumenta que así se cumpliría mejor con la rendición de cuentas, ingrediente destacado de la democracia de nuestro tiempo.

En ese terreno, el de la rendición de cuentas y la democracia, el discurso de Peña Nieto es una pieza interesante. Da cuenta de las once reformas, llamadas estructurales, que se lograron durante los últimos dos años. Ofrece su visión respecto de los beneficios que puede traer al país la aplicación de las mismas. Y con humildad reconoce el papel de los órganos legislativos y de los principales partidos de oposición en la construcción de los consensos políticos que permitieron llegar a este punto.

El tema no es menor pues, como se ha subrayado, se había creado una sensación social de bloqueo legislativo desde que llegaron los gobiernos divididos; o, para decirlo más concretamente: a partir de que, desde 1997 ningún partido ha tenido la mayoría suficiente para imponer cambios a la Constitución. Esto no significa, ni de lejos, que desde entonces no se hayan hecho importantes reformas a la Constitución. Todo lo contrario. Ahí están como muestra tres muy relevantes: la de transparencia, que creó al IFAI, a principios del siglo; la electoral de 2007-8, que elevó los niveles de equidad y certeza de nuestras elecciones federales, y la de 2011 respecto de los Derechos Humanos, que obliga a toda autoridad a interpretar esos derechos de las personas no sólo desde la óptica constitucional sino, también, en función de los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Lo que ha sucedido es que bajo el pluralismo que hoy habita en el país, no se había logrado una transformación legislativa del tamaño y la profundidad de la que se ha procesado entre 2012 y 2014. Y en este punto vale la pena preguntar: ¿por qué? La respuesta es fácil: porque las reformas son producto del Pacto por México. Ese documento que se negoció entre los meses posteriores a la jornada electoral de julio de 2012 y la toma de posesión del Presidente, el 1 de diciembre de ese año.

Luego de que la autoridad electoral llevó a buen puerto todos los procesos organizativos que permitieron una amplia participación ciudadana en los comicios y resolvió los litigios que se presentaron y mientras la autoridad jurisdiccional conocía de las quejas de los contendientes y se preparaba para resolver en definitiva los juicios que cuestionaban la legalidad del proceso electoral, los políticos hacían lo que, en democracia, distingue a su profesión. Los hombres de los presidentes de los tres partidos más votados y los del candidato presidencial que más votos había alcanzado, tuvieron el espacio para negociar y poner en blanco y negro una agenda de consensos que le daría rumbo a la nueva administración.

Lo que sucedió en ese corto periodo, habría sido inimaginable seis años antes. ¿Por qué? Porque en 2006 el sistema electoral hizo crisis. Por sistema me refiero a la ley, a las autoridades administrativas y jurisdiccionales y a los propios competidores. Lo cierto es que en 2012, el sistema electoral funcionó. La ley se aplicó, las autoridades cumplieron con responsabilidad sus atribuciones y los políticos hicieron lo que tenían que hacer. Nada más, pero nada menos.


(Investigador Asociado de El Colegio de México)
Twitter: @leonardovaldesz