La paz duartista

El gobierno federal parece dispuesto a sumar a la conflictiva que enfrenta en el terreno de la desconfianza social, un nuevo flanco de inestabilidad política que puede conducirnos a una mayor ingobernabilidad del país.

En el norte se vive una tiranía con sus características esenciales: despotismo, simulación y represión política. Al disimulo que el gobierno de Peña Nieto brinda a las raterías del gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, se agrega la convalidación a las peores formas de desgobierno. A la par de la corrupción política galopante, crece la inseguridad y la violencia; se agrega el uso de la policía para silenciar a las voces críticas.

Gobernación conoce la realidad, pero prevalece el sistema de tapaderas.

La propaganda gubernamental que inserta gacetillas y reportajes pagados pretende dar a Chihuahua como entidad resuelta en inseguridad. Se abultan los dichos del oficialismo, en contrapartida se ocultan cifras y hechos criminales. Se falsifican estadísticas y se da un manoseo en instancias judiciales para hacer coincidir el discurso. A los jueces que se resisten los castigan.

Los chihuahuenses sabemos que la realidad es otra. La sierra está asolada por las mafias criminales, que gozan de la protección de la policía estatal y las municipales. En lo que va del año, los hechos violentos se han reproducido y no hay semana que no se produzca uno de proporciones bestiales. Como el de antier en la capital de Chihuahua.

Dos militantes de Acción Nacional fueron cobardemente asesinados, Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar, jóvenes dedicados al trabajo político de su comunidad, de antecedentes y trayectoria intachables. Fueron localizados, con las manos atadas a la espalda y el tiro de gracia. Aún no se conoce ninguna línea de investigación.

El 28 de febrero la Ciudad de Parral se estremeció debido a que en pleno concierto de música norteña fue baleado el cantante Alfredo Olivas; le abrieron fuego en medio de un salón de fiestas; el joven Rolando Osiel Chávez de 17 años y Miguel Alonso Rojas Ocón, fallecieron ese mismo fin de semana.

Otra balacera entre grupos criminales en la comunidad de Guapalayna puso en vilo la vida de decenas de corredores profesionales venidos de varias partes del mundo. Controlada la zona por las mafias en componenda con la policía estatal, los corredores solicitaron el apoyo del Ejército para sacarlos de ahí.

Tanto en Chihuahua como en la ciudad de México, la noticia fue encapsulada lo más que se pudo por el gobierno estatal. Pero el 3 de marzo The New York Times reportó la cancelación del evento deportivo ante amenaza de narcoviolencia y a través de una entrevista a Josue Stephens, uno de los organizadores del maratón, señaló entre los motivos de dicha cancelación la violencia que flagela al municipio, misma razón por la que el futuro es incierto.

El 10 de marzo se reportó también el hallazgo de los cuerpos de Erick Paredes y Jesús Pérez, encuestadores del INEGI, en el municipio de Urique. Días después fueron asesinadas Ivonne Adriana Valenzuela Gómez de 45 años y Cinthia Berenice Valdez Valenzuela de 25 años, madre e hija, sus cuerpos fueron hallados en las calles de Ciudad Juárez.

Uno tras otro, los hechos de violencia desmienten el cinismo del gobernador que, desde hace dos años, repite que "son eventualidades violentas", "hechos aislados". Es el estado en paz que vino Duarte a presumir en el Senado el pasado 22 de enero, como ponente del foro sobre reformas en materia de seguridad y justicia. La dura realidad es otra, y cada día enciende los ánimos sociales ante tanta mentira e impunidad.