¿Cuándo despiertas, Coahuila?

Humberto Moreira no tiene planes para viajar pronto a los Estados Unidos. El Gobierno Norteamericano tiene elementos suficientes para acusarlo del delito de lavado de dinero -y la firme intención de procesarlo. Además de un registro puntual de operaciones inmobiliarias y transacciones financieras, los fiscales del país vecino cuentan con el testimonio del exsecretario de Finanzas Javier Villarreal, quien coopera actualmente con los investigadores, y ahora también con el del empresario Rolando González Treviño. Hace apenas unos días, la corte de Texas decidió hacer pública la declaración firmada de González Treviño. El empresario admitió haber negociado personalmente con el entonces Gobernador Moreira la venta de sus estaciones de radio en Monclova y en el norte del estado. González reconoció además haber recibido en pago $25 millones de pesos, provenientes de cuentas en México a nombre de una empresa constructora controlada por el Gobernador, con el conocimiento de que el dinero había sido robado u obtenido fraudulentamente del Estado de Coahuila.

Las bombas continuarán cayendo, y quizá algún día el escarnio público contribuirá al cambio político en el Estado. Por lo pronto, la declaración de González Treviño aporta tres elementos nuevos a esta vieja historia. El principal es, por supuesto, que por primera vez Humberto Moreira ocupa directamente el banquillo de los acusados. En México, ese vínculo no había sido establecido con claridad. Algunos ilusos colocaban a Humberto como víctima de rapaces subordinados, o de sus propias limitaciones como administrador. ¡El propio Procurador de Justicia de Coahuila circuló hace días un comunicado de prensa afirmando que Humberto Moreira ya había sido exonerado! Hoy esa historia no se sostiene. Humberto Moreira fue el líder de la banda. Según sostienen las autoridades norteamericanas en base al testimonio de testigos como Rolando González Treviño, el Gobernador comenzó a tomar dinero de Coahuila para su uso personal desde enero del 2006, apenas días después de tomar protesta.

El segundo elemento importante es que por primera vez queda vinculado el uso de recursos públicos para aceitar la maquinaria política del moreirismo. No es simplemente que Humberto Moreira uso el poder para hacerse rico. Más bien, Moreira se hizo rico para perpetuarse en el poder. El mismo testimonio de González apunta a que Moreira canalizó recursos públicos principalmente a empresarios con operaciones en el Estado, y/o que fungían como proveedores de servicios del Gobierno, y que tenían una relación con el Gobernador el momento de su elección. Los datos de los investigadores sugieren que esa práctica solo evolucionó con los años. Primero rentaban los micrófonos de los medios. Después decidieron que sería más efectivo comprarlos.

A nadie debe quedarle duda de que Humberto Moreira utilizó el presupuesto público para pagar favores de campaña. ¿Cuánto dinero cobraron los empresarios de los medios por destruir a oponentes políticos y por engrandecer políticamente a los Moreira? ¿Cuánto dinero adicional habrá escurrido de las arcas del gobierno para comprar voluntades y movilizar electores? ¿Cuántos triunfos electorales del moreirismo de la última década pueden explicarse sin ese dinero? La implicación es mayúscula. El actual gobernador, electo justo antes de que los bancos le impusieran una condena de austeridad al estado, fue y sigue siendo beneficiario directo de este mayúsculo atraco a los coahuilenses -y por ello su legitimidad quedará siempre en duda. De no haber sido por el cinismo de Humberto, Rubén no sería gobernador. De no ser por el cinismo de Rubén, Humberto no estaría libre.

Esto me lleva a una tercera observación. La declaración de González Tréviño -ampliamente cubierta por medios locales- exhibe el uso político de las instituciones de procuración de justicia en Coahuila. Siempre ha quedado claro que la Procuraduría local no tiene ningún interés en procesar a Humberto Moreira. Sin embargo, por primera vez, la autoridad parece estar cometiendo una falta con su omisión. Según la ley local, comete el delito de peculado el servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública. Si un empresario confesó haber recibido $25 millones de pesos distraídos del erario, a cambio de vender sus estaciones de radio a una empresa controlada por el Gobernador, ¿hay o no hay indicios suficientes para abrir una averiguación previa en contra de Humberto Moreira? Si ven por ahí al Procurador, pásenle la declaración de González Treviño, y recuérdenle que la Ley Orgánica de la entidad que dirige es clara al respecto: Cuando el Ministerio Público tenga noticia de la comisión de un delito que sea de su competencia tendrá la obligación de investigarlo.

Nos robaron, los perdonamos, y todavía se burlan de nosotros. ¿Cuándo despiertas, Coahuila?