Animales de compañía: mucha ley, poca acción

El pasado mes de diciembre, el Congreso de Coahuila expidió la novedosa Ley de los Derechos de los Seres Sintientes. Los 42 artículos de la norma dibujan a Coahuila como un auténtico paraíso para los animales domésticos. Un paraíso que, parafraseando un clásico nacional, no existe ni en Dinamarca.

Un amplio glosario describe de forma exhaustiva las diferentes categorías jurídicas en las cuales puede encajar una mascota o animal de compañía. Por otra parte, la Ley establece de manera prolija las distintas obligaciones que para convertir en realidad sus postulados tenemos los seres humanos, dependiendo de si somos autoridad o sujetos obligados.

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Más aún, el artículo 37 de la Ley señala que “el Gobierno del Estado estará obligado a establecer, en el marco de su disponibilidad presupuestaria, fondos para fines de seguridad, orden público, bienestar de los seres sintientes y prevención de transmisión de enfermedades zoonóticas”.

La lectura de la legislación deja claro que quienes la redactaron, promovieron y aprobaron lo hicieron a partir del compromiso personal que sienten hacia los animales domésticos y de una convicción real en torno a las obligaciones que los seres humanos tenemos con los seres a los cuales hemos sustraído de su estado natural para que nos sirvan de compañía.

Sin cuestionar el valor que tienen las consideraciones anteriores, habría sido deseable que, además de los aspectos puramente anímicos se hubiera realizado un diagnóstico realista de la situación en la cual nos encontramos y de las acciones que la misma demanda.

El comentario viene al caso a propósito del reportaje que publicamos hoy en Semanario, nuestro suplemento de investigación periodística y según el cual la capital de Coahuila sufre un grave problema de sobrepoblación de perros callejeros que demanda atención inmediata.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, en Saltillo deambulan por las calles ¡un cuarto de millón! de canes que, en estricto sentido, no tienen dueño y, en consecuencia, las autoridades deben hacerse cargo de ellos antes de que se conviertan en un problema de seguridad, salud pública e incluso de carácter medioambiental.

No estamos hablando de un problema menor. Se trata de un número inimaginable de animales cuyo retiro de las calles resulta materialmente imposible, ya no digamos su reubicación en hogares donde existan personas dispuestas a hacerse cargo de ellos.

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Tal realidad deriva, en buena medida, de que en la sociedad actual se idealiza la posesión de un animal y se romantiza la relación que los humanos tenemos con estos, sin poner atención en el esfuerzo físico y económico que implica poseer una mascota, tarea en la que muchas personas fracasan.

Por ello, cabría esperar que, más allá de producir leyes que plantean la transformación mágica de la realidad, las autoridades y las personas que buscan un mejor trato para los animales realicen un esfuerzo serio por retratar la realidad con precisión y plantear medidas realistas para mejorar la situación actual.