Industria eléctrica: ¿el fallo de la Corte la volverá más competitiva?

La discusión en torno a las reglas que deben regir el mercado de la producción y comercialización de energía eléctrica en México es una que ha consumido mucho tiempo pero, debido a su especialización, realmente se comprende muy poco y, en algunos casos, mal.

Y esto es así porque sintetizar las ideas centrales del modelo técnico y trasladarlas al lenguaje coloquial es algo complicado. Sin embargo, es posible explorar algunos elementos de sentido común alrededor de la necesidad clara que existe: contar con un sistema de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica que sea útil a los intereses nacionales.

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Es preciso, desde luego, tener cuidado con esta última expresión, pues el interés nacional puede ser definido a partir de distintos parámetros, aunque los más empleados para recrear polémicas públicas suelen ser los de carácter económico y político.

Desde la perspectiva económica, un sistema eléctrico útil a los intereses del país es aquel que, al menos, no pierde dinero, es decir, que opera conforme a criterios de eficiencia que lo alejan de la posibilidad de ser una carga para los contribuyentes.

Desde la perspectiva política se trata de un modelo que apuntala el concepto clásico de soberanía nacional, es decir, la idea de que el Estado debe ser rector en el área de modo que, si en algún momento se generan ganancias, estas no vayan a parar a manos del sector privado.

¿Cuál es la perspectiva que debiera prevalecer? Responde a la interrogante no es tan simple como escoger una u otra alternativa. A medio camino de estas opciones, la respuesta más útil podría ser una mezcla de ambas posturas: un modelo con fuerte rectoría del estado pero comprometido a no convertirse en una carga fiscal.

El comentario viene al caso a propósito de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la cual se declaró inconstitucional la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que otorgó una posición preferente a la Comisión Federal de Electricidad en el mercado energético del país, lo cual colocó en desventaja a los productores privados.

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Con esta resolución, proyectos de generación de energía que se encontraban detenidos podrían reactivarse y eso contribuir al robustecimiento de la industria eléctrica nacional. Sin embargo, es preciso remarcar el término “podrían”, porque justamente ese resultado es algo que no puede garantizare co la simple emisión de un fallo judicial.

Además de ello, es indispensable que las instituciones del Estado involucradas en la regulación y control del mercado eléctrico realicen sus funciones de manera eficaz y que las aciones de todos los que participan en dicho proceso estén orientadas a producir el máximo beneficio para el país.

Esto es lo que sigue sobre la mesa de discusión y, por supuesto, no ha sido zanjado por el fallo de la Corte.