Auditoría Superior de Coahuila: ¿acumula ‘observaciones’ sin sentido?
Las millonarias ‘observaciones’ que la ASE realiza, año tras año, se acumulan sin generar castigo a los presuntos infractores, ni modificación alguna en la conducta de los encargados del gasto público
De acuerdo con la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las cuentas públicas de los 38 gobiernos municipales de la entidad, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, quienes tuvieron a su cargo el ejercicio de los recursos públicos habrían incurrido en múltiples irregularidades que no han sido solventadas.
El total, los 10 municipios que mayor número de observaciones recibieron por parte del órgano auditor aún deben aclarar el correcto ejercicio de casi mil 100 millones de pesos. La suma no es menor, pero tampoco representa una novedad en la historia de la auditoría del gasto público.
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Se ha dicho en múltiples ocasiones: las “observaciones” realizadas al ejercicio del gasto -a todos los niveles- siempre genera un gran número de reportes periodísticos y provoca pronunciamientos políticos desde todos los frentes... pero casi nunca pasa algo relevante.
Y es que si las “observaciones” constituyen presuntas irregularidades lo que resulta muy difícil de entender son esencialmente dos cosas:
La primera es que casi en ninguno de los casos las supuestas irregularidades generan sanciones a quienes incurrieron en ellas. Y para muestra allí está la estadística de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila: de 700 indagatorias iniciadas, entre 2017 y octubre de este año, solamente se ha obtenido una sentencia condenatoria luego de judicializarse el caso.
La segunda es que, pese al gran número de observaciones y a la abultada cifra de casos judicializados, las presuntas irregularidades no dejan de cometerse: en la cuenta de 2021, la ASE “observó” 6 mil 706 millones y en la de 2020 la cifra fue de 9 mil 191 millones, si bien debe aclararse que estas cifras corresponden al total de las observaciones realizadas y no solamente a las cuentas públicas de los municipios.
Un dato adicional es necesario traer a colación en este análisis: en las raras ocasiones en las cuales se informa del castigo contra un servidor público acusado de incurrir en irregularidades, la norma es que se trate de un político “opositor”.
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Esto último no es una observación trivial sino de la mayor importancia pues parece constatar que, tal como ocurre desde que existen autoridades fiscalizadoras en México, su función es más la de un organismo de control político que la de un órgano garante del interés público.
Frente a tal realidad, ¿qué sentido tiene la acumulación de “observaciones” que, por mucho ruido que provoquen cuando son ventiladas públicamente, no sirven para mejorar la calidad del ejercicio presupuestal en nuestra entidad?
La sensación que queda, tras conocer las cifras de presuntas irregularidades y luego atestiguar cómo estas no se traducen casi nunca en sanciones a quienes habrían faltado a sus responsabilidades, es que estamos más bien ante un costoso aparato carente de utilidad real.
Lo esperable no es, desde luego, que desaparezcan los órganos encargados de fiscalizar el gasto público, sino que quienes se encuentran al mando de estos se decidan, de una buena vez, a cumplir con su función.
