Autos ‘chocolate’, ¿en qué beneficia su regularización?

Esgrimiendo el argumento de que regularizar los automóviles introducidos ilegalmente al país es una estrategia que permite “mejorar el bienestar de la población, dar certeza jurídica y la protección del patrimonio familiar, así como garantizar la seguridad pública”, el Gobierno de la República publicó ayer el decreto que permitirá legalizar millones de autos “chuecos”.

No es, conviene recordarlo, la primera ocasión en que el Gobierno de México decide regularizar autos cuya estancia en el territorio nacional deriva de un acto ilegal. Millones de unidades se han vuelto legales al amparo de decretos como el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó publicar ayer en el Diario Oficial de la Federación.

En cada ocasión en la cual se ha tomado tal decisión ha ocurrido lo mismo: cientos de miles de autos que, antes de la publicación del decreto no estaban en territorio nacional, han ingresado al país para beneficiarse de la regla. Tal hecho, desde luego, se ha convertido en un millonario negocio para quienes entienden la mecánica y tienen las conexiones adecuadas.

Múltiples reportajes periodísticos han consignado, a lo largo de las últimas dos décadas, cómo presuntas “organizaciones civiles”, así como agentes aduanales con patente oficial y funcionarios públicos de diversos niveles se han beneficiado del auténtico “negocio” que implica la regularización en masa de autos “chocolate”.

Un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión plantea que, desde 1992, habrían ingresado al país casi 18 millones de vehículos ilegales. La mayor parte de estos durante el actual Gobierno de la República.

El decreto publicado ayer señala que serían “unos dos millones” de autos ilegales los que podrían regularizarse al amparo del mismo. Sin embargo, las estimaciones de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz plantean que durante el actual sexenio podrían haberse introducido más de 10 millones de unidades ilegales al país.

El argumento central para regularizar los autos “chocolate” es que de esta forma se evitará que puedan ser utilizados impunemente en actividades ilegales. Sin embargo, ninguna estadística se presenta para hacer verosímil el argumento de que tales unidades son consistentemente utilizadas para cometer delitos. Tampoco se dice nada respecto de los esfuerzos de carácter preventivo que se hubieran realizado para evitar tales conductas.

Frente a tales circunstancias, resulta inevitable cuestionar cuáles son los beneficios reales de un proceso de regularización como el que se ha autorizado, pues más allá de la recaudación de unos pocos miles de millones de pesos –debido a la cuota de 2 mil 500 pesos que se cobrará por auto regularizado–, los perjuicios parecen mayores.

Y la gran pregunta que resulta obligada también es, qué se va a hacer para que, ahora sí, esta sea la última vez que regularizamos lo ilegal.