Benditos créditos a corto plazo

El 2022 será prácticamente el último año en que la administración estatal podrá solicitar créditos a corto plazo, un recurso al que ha acudido para solventar la falta de liquidez en mayor medida en los últimos cuatro años.

De acuerdo con una revisión hecha a la adquisición de pasivos a corto plazo realizada para esta columna, el Gobierno del estado ha solicitado 7 mil 665 millones de pesos en créditos a corto plazo. La cantidad es equivalente al 19.4 por ciento de lo que se debe a largo plazo o es inclusive una cantidad de dos mil millones de pesos superior a lo que se pagará este año por concepto de la deuda.

Otro argumento más para ejemplificar el lastre que significa pagar cada año más de 3 mil millones de pesos a una deuda inagotable. Se pide a corto plazo lo que se podría cubrir con lo que se destina al pago de la oprobiosa deuda bancaria a largo plazo.

Es cierto que la actual administración no ha solicitado créditos a largo plazo. Pero las solicitudes a corto han ido aumentando conforme los años de gestión: en 2018 únicamente se pidió un crédito a corto plazo, según lo publicado por la Secretaría de Finanzas en el apartado de deuda pública. En ese año fue un crédito por 550 millones de pesos.

Para 2019 fueron tres créditos que sumaron mil 400 millones de pesos. Para 2020 otros tres créditos que sumaron 2 mil millones de pesos. Y en el último año, en 2021, fueron ocho procesos de crédito que sumaron 3 mil 715 millones de pesos.

La “insuficiencia de liquidez de carácter temporal” es la principal razón de estos créditos. En otras palabras, cada año el Estado sufre de liquidez para cumplir con sus compromisos financieros. El primer año, 2018, se pidió el único crédito en diciembre, seguramente para cumplir con los compromisos de sueldos, prestaciones, aguinaldos. Sin embargo, en 2021, se pidió deuda a corto plazo en abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La mitad de los meses del año se necesitó de deuda.

Lo que llama la atención, y es una de las críticas a la administración estatal, es la falta de obra pública, por lo que prácticamente los pasivos a corto plazo son usados para operar la administración.

El artículo 30 en su fracción II del Capítulo II de la Ley de Disciplina Financiera, sobre la Contratación de Obligaciones a Corto Plazo, refiere que: “Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses”.

Entonces, este año la administración estatal todavía solicitará créditos a corto plazo. Y quizá los montos totales sean mayores a los de 2021. Habrá que estar atentos.

AL TIRO

Al 31 de diciembre de 2021, la deuda a largo plazo, según la Secretaría de Finanzas era de 39 mil 326 millones de pesos. A eso hay que sumarle la deuda a corto plazo, la cual oscila en los 2 mil millones de pesos.

Para 2022, se presupuestó un recurso de 5 mil 675 millones 93 mil 407.25 pesos para el pago de la deuda, de los cuales dos mil 595 millones son pago de intereses. Los 5 mil 675 millones es una de las más altas cantidades anuales que se han destinado en una década al pago de la megadeuda.

Por los créditos a corto plazo, los intereses dependen del contrato con cada banco. Los favorecidos son los de siempre: Banorte, Santander, HSBC, BBVA, principalmente. Aunque en 2021 se contrataron créditos a corto plazo también con Multiva y con Banco Azteca.

La mayoría de los bancos, por ejemplo, cobran al menos un 1 por ciento de comisión por la disposición del dinero. La ganancia es inmediata.

Coahuila seguirá acudiendo este año a los créditos a corto plazo. El último recurso para paliar su “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”. Benditos créditos a corto plazo.