Burla a la Ley

La cultura de la legalidad no es común, menos en los mexicanos debido a la impunidad legal y social de por medio. No está presente en las autoridades, en la sociedad, ni en los políticos. Hay infracciones reparables o reversibles, otras que allí quedan y sus efectos trascienden al momento o circunstancia en que ocurrieron. En materia penal se parte de la idea de que el delito es un perjuicio a la sociedad; por lo mismo, la víctima pasa a un segundo plano y la sanción, casi siempre, es corporal. En las faltas administrativas la pena regularmente es multa. Se asume, indebidamente, que con el pago se puede resarcir el daño ocasionado. En los servidores públicos puede haber inhabilitación para el desempeño en el Gobierno.

La investigación por infracciones a la ley es una elevada responsabilidad. A diferencia de lo que se piensa y cree, el quehacer judicial, la labor del juez, está muy condicionado. En materia penal, el talón de Aquiles de la justicia, mucho depende de lo que la autoridad investigadora haga llegar. Aunque se pretenda, al juez no se le puede obligar a resolver la insuficiencia de la investigación, tarea administrativa casi siempre acompañada de venalidad o incompetencia. De allí la impunidad y que en los pocos casos que llegan al juez, el inculpado tenga condiciones de indebida ventaja. Esto no se comprende y al legislador le resulta más fácil abonarse en el populismo penal (incrementar penas o extender la prisión preventiva). La eficacia de la justicia penal se resolverá con eficaces policías ministeriales y también un mejor Ministerio Público.

Se asume que las autoridades, más las de carácter superior, las electas, deben ser ejemplo en el apego a la legalidad. No sucede siempre así; peor aún, en estos tiempos violentar la ley es parte del espectáculo legítimo y legitimador en el ejercicio del poder. Incluso en temas tan graves como es la corrupción, las autoridades optan por el regreso del dinero, sin entender que el daño irreparable es, por una parte, el daño patrimonial y, por la otra, el daño social por la ilegalidad misma.

El presidente López Obrador no tiene la menor contemplación con la legalidad. Así ha sido siempre y reproduce el prejuicio de muchos mexicanos sobre el origen y el efecto de hacer valer la ley. Para él y para muchos importa el proyecto propio, y desentenderse de la norma no sólo es un derecho, es un mandato. El principio republicano de cumplir la Constitución y las leyes que de esta emanan ha caído en desuso en el código de la 4T.

El Presidente todos los días en su comparecencia mañanera violenta la norma. Él no es un ciudadano que puede invocar discrecionalmente la libertad de expresión o el derecho de réplica. Él es autoridad; está obligado a cumplir con la ley e informar con objetividad, sin juicios de valor, con estricto apego a la verdad y respeto a los derechos de particulares. Erróneamente se ha dejado pasar el argumento sobre el derecho o la libertad de expresión del mandatario, sin considerar que, con frecuencia, no defiende el interés público, sino a él mismo, sus intereses y los de su grupo.

Un presidente incapaz de ver por el conjunto de los mexicanos como resultado de la partición de los más y los menos, los buenos y los malos, los pobres y los corruptos, los inocentes y los culpables, los que están con él y los demás. ¿Por qué ver por todos? Igual sucede al invocar un régimen de excepción para realizar obra pública sin los permisos respectivos o sin informar, invocando un falso interés nacional en las obras de Gobierno.

Recientemente el desdén a la ley se acentúa por la competencia política: el INE se desentiende de su responsabilidad y el Tribunal Electoral consiente. Una cosa lleva a la otra, de los actos anticipados de campaña se ha pasado a una ilegal intervención del Presidente, no sólo por lo que hace, sino por el contenido de lo que publica. El acceso y divulgación de información protegida por secreto es delito y su publicidad genera daños irreparables. López Obrador incumple la ley, y se burla con ostentación con la certeza de la ausencia de sanción social o legal, un caso ejemplar de impunidad.