Caen los primeros

En México se ha prescindido de la legalidad. Son numerosos y repetidos los casos de protección judicial por razones de afinidad política. Desde que López Obrador llegó a la presidencia no ha habido un solo caso de justicia penal con un personaje de relevancia del régimen obradorista. Ninguno es ninguno, y ya van casi ocho años. No existe el código penal o el de procedimientos penales para los grandes criminales o políticos de relieve de factura morenista. Los juicios de corte penal que se han realizado han tenido lugar en cortes norteamericanas. Todavía peor —y esto es central para la soberanía nacional—: el gobierno actual resolvió enviar a criminales —algunos de ellos presuntos, porque no había sentencia— a EU al margen del procedimiento de extradición, bajo el argumento de que en México la justicia y el sistema carcelario no eran confiables; esas fueron las razones del gobierno de México para una acción claramente inconstitucional y constitutiva de delito de traición a la patria. Precedente semejante fue el juicio contra Genaro García Luna, el presidente López Obrador validó el uso de testigos protegidos como prueba para inculpar a un alto funcionario mexicano en juzgados norteamericanos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cazarez y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y otros 7 funcionarios o exfuncionarios estatales, han sido acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y por delitos de tráfico de drogas y armas.

Muy relevante que el comunicado del Departamento de Justicia haga referencia político electoral como origen de la relación delictuosa: “Rocha Moya fue elegido Gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como Gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”.

En mala hora cae la acusación contra el gobernador y los demás. Ocurre en medio del relevo de dirigencia de Morena. Ahora queda claro que el tema de la campaña opositora sería el narco estado. El daño al gobierno y a su partido es arrollador, cuando se reveló la presunta participación del gobernador Rocha en el secuestro de El Mayo Zambada y el homicidio de Melesio Cuen arroparon con todo y sin reserva al mandatario.

También es inoportuna porque el gobierno federal y el Congreso emprendían una agresiva campaña hostil contra la gobernadora de Chihuahua, Marú Campos, porque en el operativo en el que se destruyó un mega laboratorio de fentanilo, participaron 4 agentes de la CIA sin autorización de las autoridades federales. El cargo contra la chihuahuense palidece frente a la acusación formal de las autoridades norteamericanas al gobernador de Sinaloa. En este espacio se señaló que era un error mayor de la presidenta Sheinbaum atacar a la mandataria en un operativo exitoso y que en todo caso la pregunta es si la Sedena le informó sobre una acción relevante contra la producción de fentanilo.

Voceros del régimen a manera de defensa refieren a la detención del general Cienfuegos en EU en octubre de 2020, quien fue regresado al país a solicitud del presidente López Obrador para ser exculpado por la FGR. El caso no es comparable. Al general Cienfuegos se le regresó porque fue un operativo de la DEA con muy frágiles y discutibles pruebas. Ahora es el inicio de un proceso judicial que involucra a todo el gobierno norteamericano y seguramente a la Casa Blanca, además se presenta con un régimen jurídico diferente por la declaratoria de terrorista al cártel de Sinaloa. Como tal la referencia no es el general Cienfuegos, sino Nicolás Maduro y el Tren de Aragua, extraído de Venezuela por un operativo militar.

Por esta consideración la Presidenta deberá entender las diferencias. La FGR no es una instancia autónoma, confiable ni creíble. La valoración de pruebas no tendrá valor para los norteamericanos. En todo caso, no queda más que abrir la colaboración y acordar una actuación concertada para casos semejantes bajo la hipótesis que es el primero de muchos.