Carestía: sigue siendo un castigo para las familias

Se ha dicho en múltiples ocasiones y en todos los tonos posibles: el fenómeno de la inflación constituye un misterio respecto de su naturaleza y génesis, pero muy claro en relación con los efectos que produce y la forma en que el ciudadano de a pie lo resiente.

Y es que el efecto de lo que en términos técnicos se conoce como “pérdida de poder adquisitivo” es muy fácil de observar: la misma cantidad de dinero alcanza cada vez para menos.

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No se trata, desde luego, de un fenómeno nuevo. En la historia reciente del país se han registrado incluso periodos en los cuales la inflación se ha salido de control y ello se ha traducido en una escalada de precios que implica el reetiquetado de productos de un día para otro.

Sin embargo, es preciso reconocer que el último episodio relevante de este tipo vivido en el país ocurrió en 1995, cuando tuvo lugar el denominado “error de diciembre” y, desde entonces, habíamos experimentado un prolongado periodo de estabilidad económica. Además, dicha estabilidad se registró incluso a pesar del advenimiento de más de una crisis internacional, cuyos efectos “contaminaron” la economía nacional.

Hoy, sin embargo, la eficacia con la cual las instituciones nacionales, específicamente el Banco de México, habían lidiado con la inflación, parece haber desaparecido, y por ello seguimos sumando quincenas en las cuales la inflación se ubica por encima de la meta establecida.

Y, como se ha dicho en repetidas ocasiones, pocos efectos de este fenómeno golpean más a las familias mexicanas que el relacionado con el encarecimiento de los alimentos.

Porque, como lo consignamos en el reporte incluido en esta edición, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las familias mexicanas debieron desembolsar, durante el pasado mes de julio, en promedio, 4 mil 719 pesos por persona para la adquisición de productos alimentarios y no alimentarios.

El fenómeno, por cierto, afecta más a las personas que viven en las ciudades pues, de acuerdo con tales datos, la canasta alimentaria básica sufrió un incremento de 4.3 por ciento, a tasa anual, en el ámbito urbano. Esto no quiere decir que los precios no hayan crecido en el medio rural, solamente que lo hicieron en menor proporción.

Hacer la distinción es relevante, sin embargo, porque en las zonas urbanas existen otros gastos que forman parte de la canasta básica y por ello el incremento en el costo de los alimentos presiona aún más el presupuesto de las familias, particularmente las de menores ingresos.

Y, como se ha dicho en repetidas ocasiones, la actitud frente a tal realidad no puede ser simplemente “explicar” que la carestía deriva de las reglas básicas del mercado, es decir, de la oferta y la demanda, sino que demanda acciones de las instituciones públicas en defensa de la economía familiar.