La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa como medida cautelar ante sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Esta facultad administrativa busca agilizar la congelación de activos ilícitos, permitiendo que el bloqueo sea inmediato y dejando el derecho de defensa y la presentación de pruebas para una etapa posterior.
Sin embargo, expertos han advertido la vulnerabilidad jurídica del usuario, debido a que una sospecha administrativa puede llevar al congelamiento de fondos, obligando al afectado a demostrar la legalidad de su dinero en lugar de que la autoridad demuestre primero un delito.
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