‘Caso Lozoya’: ¿asoma la posibilidad de castigo?

Luego de 15 meses de haber llegado a México –extraditado desde España donde fue arrestado a pedido de la Fiscalía General de la República– el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, finalmente pisó una celda en nuestro país.

El viraje ocurre casi un mes después de que se difundiera una fotografía del exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto cenando en un restaurante de lujo en la Ciudad de México. El hecho, como se informó en su momento, causó “indignación” en el Gobierno de la República y fue calificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como “una provocación”.

Así, luego de haber recibido del Gobierno de la República un trato VIP, la FGR decidió solicitar a un juez federal modificar la medida cautelar que permitía a Lozoya enfrentar su proceso en libertad y colocarlo en una celda porque existe “riesgo de fuga” debido a la capacidad económica del indiciado.

No hacía falta que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero señalara lo obvio: que Lozoya podía fugarse quedó acreditado desde que, luego de hacerse públicas las acusaciones en su contra –en julio de 2019– el exfuncionario salió del país e intentó esconderse en España.

Pero, como dice con sabiduría la voz popular, más vale tarde que nunca... aunque todavía es necesario esperar a ver si ahora que la FGR finalmente decidió recordar que, antes de informante, Lozoya es, para todo efecto práctico, un delincuente confeso, de verdad buscará que se le castigue por los delitos admitidos ya por él.

En este sentido conviene recordar que, al acogerse al “criterio de oportunidad”, Lozoya presentó una denuncia ante la Fiscalía General en la cual ofrece todo tipo de detalles sobre los millones de dólares que recibió de directivos de la firma brasileña Odebrecht y que presuntamente “repartió” entre decenas de políticos mexicanos.

Y es que lo cierto, hasta ahora, es que la información proporcionada por Lozoya no ha derivado en lo esperable cuando una “pieza menor” de un entramado de corrupción decide colaborar con las autoridades: que caigan los auténticos “peces gordos” de dicha trama.

Más allá de usar como munición política la información contenida en la denuncia de Lozoya, el Gobierno de la República no ha armado un solo caso significativo en contra de nadie y el presunto combate frontal a la corrupción ha quedado en simple pirotecnia verbal.

¿Qué tipo de trato hizo el Gobierno de la República con Lozoya para que pudiera gozar durante casi año y medio de total impunidad pese a la confesión de sus pecados? Eso sigue siendo un misterio, pero el golpe de timón de ayer pareciera indicar que ya no se pretende sostener dicho acuerdo.

Cabría esperar pues que, a partir del viraje de este miércoles, comience a ocurrir algo más que sólo acumular ofrecimientos en el sentido de que la corrupción ya se acabó, pese a que prácticamente nadie relevante ha sido castigado por esta causa.