Causas ciudadanas... y el poder político

Un ciudadano puede tener diversos intereses y estar dispuesto a trabajar en pro de dichos intereses. Sin embargo, cuando se habla de causas ciudadanas por un partido político, es necesario precisar aquellas causas que requieren que el poder político las atienda para hacer realidad lo que se busca; por supuesto con la corresponsabilidad ciudadana suficiente y necesaria, para no caer en paternalismos que solo degradan a quien lo recibe y a quien lo da.

Esta pregunta nos lleva a analizar las responsabilidades del poder político, encarnado en los gobiernos, para con los ciudadanos y en general con la población gobernada.

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En México, tanto la Constitución de la República como las estatales, mandatan a quienes ejercen dichos cargos a guiarse por dos grandes responsabilidades: una, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen; la otra, velar por el bienestar de la población y prosperidad del país.

La primera responsabilidad implica que el gobierno haga su mejor esfuerzo para propiciar que todos, incluido el propio gobierno, cumplan las leyes y tener la capacidad para aplicar el castigo correspondiente a quien las infrinja.

La segunda responsabilidad exige que el gobierno haga su mejor esfuerzo para proveer los bienes y servicios públicos necesarios para el constante mejoramiento material, ambiental y social de los mexicanos, y la prosperidad de la Nación.

En mi opinión, el grado de cumplimiento de estas dos grandes responsabilidades debería ser la principal métrica para evaluar a un gobierno.

No sucede así. Hay muchas mediciones sobre el nivel de aprobación de los gobernantes. La naturaleza de este tipo de mediciones es tal que usualmente es fácilmente influenciable según la cantidad de recursos asignados —legal o ilegalmente— a la llamada comunicación social, así como a la eficacia de dichas políticas para manipular las percepciones de las diversas capas de la sociedad. Hay gobernantes que destinan enormes sumas a su promoción y que además son muy hábiles para modificar la imagen de su gobierno, obteniendo con ello altos valores de aprobación en las mediciones que hacen las casas encuestadoras. Sin embargo, lo anterior no se ve reflejado en los aspectos que atañen a las dos grandes responsabilidades de un gobierno: reducir la impunidad para asegurar la vigencia de la ley y la Constitución, y la salvaguarda de los derechos de los gobernados, por lo que hace la primera responsabilidad arriba mencionada. Por otra parte, tampoco logran mejorar e incrementar el acceso a la salud y educación de calidad, a la seguridad social, a una vivienda digna y los servicios inherentes, a la alimentación, a un medio ambiente limpio, a la oportunidad de recibir un ingreso de calidad.

Un ejemplo de este tipo lo representa el anterior presidente, López Obrador, con una alta aprobación y pobres resultados en las dos grandes responsabilidades de su cargo. También hay muchos ejemplos de gobernadores que logran alta aceptación, no obstante, pobres resultados en las dos responsabilidades que la Constitución y las leyes les asignan a los gobiernos federal, estatales y municipales.

Esta reflexión nos lleva a identificar campos para la acción ciudadana. Uno, luchar por que haya más y mejor acceso a la información sobre diversos indicadores que muestren si la acciones y política de un gobernante popular está permitiendo reducir la impunidad; y si las políticas impulsadas por el gobernante se reflejan en mejoras en la calidad y cobertura de los servicios de educación, de salud, de seguridad y en reducir las carencias que inciden en la pobreza.

Actualmente sucede lo contrario: en todos los niveles de gobierno, con pocas excepciones, el acceso a la información por parte del ciudadano está cada vez más limitado. La eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (ICAI) y ahora la desaparición legal de Compranet, significa un terrible retroceso en el combate a la impunidad. Es de lamentar también la desaparición del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) que aportaba información confiable respecto a la evaluación de la política social.

A nivel local queda aún que impulsemos la permanencia de los institutos estatales de acceso a la información y fortalezcamos y mejoremos su eficacia. En Coahuila todavía existen casos de presunto abuso de poder público y corrupción sin ser suficientemente investigados y sin que los responsables sean llamados a cuenta. También queda mucho por hacer para mejorar la calidad de la información disponible al ciudadano, que permita evaluar el avance en el cumplimiento de la segunda tarea que las leyes le asignan a quienes detentan el poder público: mirar en todo por el constante mejoramiento del bienestar de sus gobernados. Es decir, poder tener acceso oportuno a indicadores que muestren si realmente avanzamos en mejorar los servicios educativos, los de salud, la seguridad pública, nuestro potencial de desarrollo; o si más bien se trata de acciones de comunicación social eficaces para modificar la percepción de la sociedad.