Cero y van siete los presidentes derrotados por el crimen, incluido AMLO
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No es el único, por supuesto que no. Con Andrés Manuel López Obrador llegamos a siete presidentes incapaces de frenar el crecimiento de la violencia atribuida al crimen organizado.
El primero fue Miguel de la Madrid. En 1985 explotó un escándalo monumental cuando el Cártel de Guadalajara asesinó al agente de la DEA Enrique Camarena, contando para ello con la protección de la policía política. Luego vinieron otros seis presidentes prometiéndonos una seguridad que siguió empeorando. A todos los doblegó la implacable aritmética de las ejecuciones, las desapariciones y las corrupciones.
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Investigué las causas de los tropiezos y encontré varios patrones que los unen. Entre otros, el desdén hacia las víctimas y el respeto al pacto de impunidad. Centro esta columna en el manoseo presidencial de las instituciones encargadas de darnos seguridad. Lo ejemplificaré con los servicios de inteligencia civiles, la policía federal y la Secretaría de Gobernación (Segob).
La Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue creada por el presidente Miguel Alemán en 1947. Se convirtió en sinónimo de abusos a los derechos humanos y en patrona de la delincuencia organizada. Para proteger al Cártel de Guadalajara dio a sus capos credenciales de agentes de la DFS que les sirvieron para apoderarse de la ciudad. Como había una prensa libre, rápidamente supimos lo que pasaba. Después nos enteraríamos de que el presidente no castigó a los responsables, se limitó a mandar a sus casas a comandantes y agentes. Todo eso y más hizo para proteger al titular de la dependencia, Manuel Bartlett.
De la Madrid creyó resolver el problema disolviendo a la DFS sin pompa ni novenario. El 21 de agosto de 1985 el Diario Oficial publicó un nuevo Reglamento de la Secretaría de Gobernación. En el artículo correspondiente simplemente dejaron de mencionar a la DFS o a Investigaciones Políticas y Sociales; en su lugar pusieron a la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional que luego se convertiría en el CISEN prohibiendo, durante sus primeros años, investigar al crimen organizado (con otro presidente volvería a hacerlo).
El desorden con el CISEN continuó. Vicente Fox le entregó durante su sexenio 3 mil 456 millones de pesos, pero Calderón lo llevó hasta 18 mil 213 millones de pesos. El incremento se debió a que el presidente convirtió al CISEN en cabina de supervisión de una guerra contra el narco en la que tuvo protagonismo la Policía Federal de Genaro García Luna.
El presidente Ernesto Zedillo fundó la Policía Federal en 1999, 20 años después y habiéndose gastado 436 mil millones de pesos (mmp) al valor de 2022, el actual presidente la desapareció y creó una Guardia Nacional que obedece a la Sedena, pero depende administrativamente de la SSPC.
Un capítulo poco estudiado del sainete fue la decisión del presidente Peña Nieto de crear una estructura paralela: durante una visita a Francia se enamoró de la gendarmería de aquel país y decidió hacerse una igual en México. Se gastó en la Gendarmería mexicana 199 mil millones de pesos de 2022.
Si hacemos a un lado al CISEN, siempre dependiente del presidente, Gobernación quedó convertida, durante la transición, en el salón de juegos presidenciales. Veamos los presupuestos de los tres últimos sexenios: 128 mmdp con Calderón, 629 mmdp con Peña Nieto y 106 mmdp con López Obrador (valores de 2022).
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En suma, si los siete presidentes han sido derrotados por el crimen organizado es porque han carecido de una política de seguridad de Estado. Sin marco de referencia han manoseado a las instituciones encargadas de la seguridad. Las trataron como piezas de lego: uno se construyó un vistoso castillo, otro lo deshizo porque se le antojó un trasatlántico. Pudieron hacerlo porque el Congreso ha sido una entidad timorata incapaz de atreverse a monitorear y auditar la estrategia de seguridad del presidente y de las dependencias civiles y militares encargadas de implementarla.
Una nueva estrategia requiere, entre otras cosas, que los partidos políticos se comprometan a que sus fracciones parlamentarias cumplan con su deber de supervisar a las dependencias encargadas de la seguridad. De la próxima presidenta esperamos que acabe con el irresponsable toqueteo de las instituciones de seguridad. Requieren de un trato firme y respetuoso dentro de una estrategia de largo plazo.
Colaboró Adrián Fix
