Certidumbre, necesaria ante las carreras ‘patito’

La presencia de instituciones educativas –algunas de ellas de renombre a nivel local y nacional– que ofrecen carreras “patito” tiene que ser motivo de alerta. La educación debe ser un vehículo en el cual no haya dudas de su certeza y su relevancia en la formación de nuevos profesionales.

El comentario viene a cuento a propósito del hallazgo de al menos cinco universidades privadas en Saltillo que ofertan licenciaturas sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

TE PUEDE INTERESAR: ‘Caso VANGUARDIA’: no ha sido nunca un asunto mercantil

El tema no es menor: cientos de jóvenes podrían ver comprometido su futuro profesional al cursar carreras que, de acuerdo con la ley, carecen de validez oficial y, por tanto, no permiten la titulación ni el acceso a estudios de posgrado dentro del Sistema Educativo Nacional.

La revisión realizada por VANGUARDIA en 14 instituciones privadas confirma lo que desde hace tiempo se comenta en voz baja: que la oferta educativa privada en la ciudad es variada, sí, pero no siempre transparente.

El caso de la Universidad Autónoma de Durango, campus Saltillo, es quizá el más grave, pues de 15 carreras que anuncia, ocho no tienen registro oficial. Situaciones similares se encontraron en el Instituto Universitario del Centro de México (Educem), la Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad CNCI y la Universidad de Estudios Avanzados (UNEA).

El problema no radica solamente en la omisión de un trámite burocrático. El RVOE es el instrumento que da certeza a estudiantes, padres de familia y empleadores de que un plan de estudios cumple con requisitos básicos de calidad y que forma parte del sistema educativo nacional.

Cuando una universidad decide ofrecer un programa sin ese aval, coloca a sus alumnos en la indefensión. Muchos no descubren la falta de validez, sino hasta que intentan titularse o inscribirse en un posgrado, enfrentándose a la amarga realidad de que su esfuerzo académico y económico ha sido en vano.

Las instituciones aludidas suelen justificar estas inconsistencias con explicaciones poco claras: que los programas están “en trámite”, que se amparan en acuerdos antiguos o que cuentan con registros que, sin embargo, no aparecen en las plataformas oficiales. Mientras tanto, los estudiantes siguen pagando colegiaturas e, incluso, cargos adicionales por concepto de RVOE que en algunos casos alcanzan los dos mil 500 pesos semestrales.

Es evidente que la autoridad educativa debe reforzar la vigilancia y sancionar con firmeza a aquellas universidades que incurran en prácticas engañosas. Pero también es indispensable una campaña clara de información para los jóvenes y sus familias.

Hoy existen mecanismos sencillos para verificar la validez de una carrera: tanto la Secretaría de Educación de Coahuila como la SEP federal cuentan con portales electrónicos donde es posible confirmar si un programa cuenta con registro, en qué campus se imparte y bajo qué nombre exacto. Difundir esta información de manera amplia sería un paso fundamental para empoderar a los estudiantes en su derecho a elegir con conocimiento.

No todas las universidades privadas incurren en estas prácticas. En la misma revisión se constató que instituciones como la UANE, la UNID, la Universidad Carolina, La Salle o el Tec de Monterrey cumplen cabalmente con los requisitos de ley. Ello demuestra que es posible ofrecer educación de calidad y con certidumbre legal. De ahí que los casos detectados resulten aún más preocupantes: quienes actúan de manera irregular compiten en condiciones desleales con aquellas instituciones que sí cumplen con la normatividad.

La educación superior privada cumple un papel cada vez más relevante en México, al absorber la demanda que las universidades públicas no alcanzan a cubrir. Precisamente por ello debe sujetarse a estándares claros, uniformes y verificables. No se trata de frenar la iniciativa privada, sino de garantizar que los estudiantes que invierten tiempo, dinero y esfuerzo lo hagan con la seguridad de que sus estudios tendrán validez.

TE PUEDE INTERESAR: Universidades de Saltillo ofertan carreras sin validez oficial (RVOE); conoce cuáles

El derecho a la educación no se agota en abrir las puertas de una escuela. Implica también la obligación de ofrecer certeza y calidad. Permitir la proliferación de “escuelas patito” equivale a normalizar el engaño, y es un costo que la sociedad no puede permitirse. Urge, por tanto, que las autoridades actúen con firmeza, que las universidades privadas transparenten su oferta y que los estudiantes tengan la información suficiente para decidir.

Dar certidumbre en la educación superior no es un lujo: es una necesidad impostergable.