Coahuila: Mejorar la justicia no es cuestión de voluntarismo

Ayer se llevó a cabo, en Torreón, el Quinto Diálogo sobre Justicia Penal en Coahuila, ejercicio que coordina el Centro de Estudios México Evalúa y durante el cual se presentó el reporte “Hallazgos desde lo local”, el cual contiene información sobre la procuración e impartición de justicia en la entidad, así como el seguimiento a compromisos adquiridos por las autoridades locales el año pasado.

La ausencia de un mayor presupuesto para la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial es el rasgo más destacado del informe. Este hecho se traduce en un bajo número de agentes del Ministerio Público, así como de defensores y asesores públicos, lo cual redunda en un creciente rezago en el tratamiento de los delitos que son investigados y perseguidos.

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Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, señaló durante la presentación del reporte que en Coahuila se registran cifras “atípicas” en relación con el número de casos en los cuales se determina el no ejercicio de la acción penal, pues la proporción llega casi al 82 por ciento del total de las carpetas de investigación iniciadas.

Como se ha dicho en numerosas ocasiones, el seguimiento estadístico de los fenómenos de la vida pública es una actividad que no puede −ni debe− tener como propósito el ofrecernos datos para el anecdotario. Muy por el contrario, son este tipo de ejercicios, en los que se abre el diálogo entre el sector civil especializado de la sociedad y las autoridades, los que permiten un análisis mucho más rico y útil de las estadísticas.

Si la proporción de casos en los cuales se determina el no ejercicio de la acción penal es “atípica”, eso constituye un elemento para la profundización de los análisis y para el refinamiento de las definiciones sobre lo que puede ser considerado “normal” y lo que no.

Resulta relevante por ello que, en el diálogo de ayer, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, adujera que es necesario un análisis más profundo de las estadísticas porque Coahuila podría estar siendo medido con una vara que no es justa, debido a que aquí sí se lleva un registro riguroso de la incidencia delictiva y en otras entidades no necesariamente.

Sin suscribirse de forma acrítica a la posición de ninguna de las partes, resulta obligado destacar el valor que este tipo de diálogos tiene para la consolidación de mejores prácticas y para el establecimiento de mecanismos más robustos de rendición de cuentas.

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Hace falta, desde luego, que reportes como el presentado ayer sean objeto de análisis detallados y seguimiento puntual. Y eso implica que el intercambio entre autoridades y sociedad civil no se limite a los encuentros públicos que, como el de ayer, permiten sólo una mirada superficial a los resultados.

Porque si algo evidencian estos ejercicios es que mejorar los resultados del sistema de justicia de una entidad o un país requiere mucho más que un acto de voluntarismo político para reformar leyes, como si eso bastara para transformar la compleja realidad.