Hace unos días, en su reciente visita a nuestro estado y a Durango, López Obrador expresó que espera que pronto nuestro estado acepte el convenio mediante el cual la operación de los servicios de salud pública pasen a la Federación vía el llamado IMSS-Bienestar. Manolo Jiménez, en entrevista con medios de comunicación, expresó que lo pensaría.
En mi opinión hay mucho que pensar. Hay que recordar por qué fue que, a mediados de la década de los noventa, la Federación, reconociendo su incapacidad para desempeñar al mismo tiempo el papel de autoridad normativa y el de operador de buena parte de los servicios de salud pública, decidió transferir a los estados todas las responsabilidades operativas y trasladó hospitales, equipos, personal y recursos a los estados para que éstos asumieran por completo la responsabilidad de operar dichos servicios.
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A mediados de los noventa, Coahuila asumió dicha responsabilidad luego de una compleja negociación, pues la Federación pretendía transferir responsabilidades que ellos mismos no cumplían por falta de recursos. Es decir, deseaban transferir a los estados responsabilidades sin los correspondientes recursos. Y no fue sino hasta que cumplieron con la aportación de los recursos necesarios, para cumplir las responsabilidades que se transferían, se accedió a firmar dicho acuerdo.
Esta descentralización fue un gran avance para mejorar la calidad de los servicios de salud pública en Coahuila en aquellos años. Con la responsabilidad asumida y una generosa participación de instituciones públicas de seguridad social, de privadas de salud, de organizaciones de la sociedad, de médicos(as) y enfermeras (os) privados, del personal de la secretaría estatal de salud y desarrollo comunitario, fue posible que para 1999 Coahuila obtuviera el certificado de cobertura universal del paquete básico de servicios de salud. Esta colaboración con la ciudadanía hizo factible elevar el porcentaje de niños menores de 5 años vacunados con el esquema completo de 84.1 por ciento en 1994, a 96.2 en 1998 y más de 99 por ciento en 1999, brindar mejor atención a las necesidades de salud de las mujeres, reducir las tasas de mortalidad maternas y de menores de un año a menos de la mitad de la tasa nacional. Coahuila logró el grado de Estado Amigo del Niño y la Madre, pues el 100 por ciento de los hospitales del sector fueron certificados por UNICEF, la mayoría con grado de excelencia.
Los datos anteriores contrastan con lo logrado estos últimos 5 y medio años con la centralización de los servicios de salud que ha hecho el gobierno federal. En este periodo han desmantelado y degradado el sistema de salud pública y de vacunación: más de 50 millones de personas sin acceso a los servicios de salud pública, 30 millones más que en 2018, más de 4 años de esperanza de vida perdidos, que llevará más de una década recuperarlos, sólo un tercio de los niños están recibiendo el esquema de vacunación completo, solo por citar algunos de los retrocesos que el centralismo y las malas políticas del actual gobierno han propiciado.
Regresar la operación del sistema de salud pública al centralismo federal sería un retroceso que afectaría la salud de miles de coahuilenses. Coahuila ha sido la cuna del federalismo. Toca hoy defender la soberanía estatal para seguir conservando la responsabilidad de prestar estos servicios tan importantes para el bienestar de los coahuilenses y no ceder a las presiones centralistas de un gobierno que busca poder más que el bienestar de los mexicanos.
Si se decide apostar por el federalismo versus el centralismo que propone el gobierno federal, estoy cierto que la ciudadanía organizada pondrá su parte de esfuerzos para lograr que nuestro sistema de salud público sea cada vez de mejor calidad y cobertura.
