Coahuila: Proteger a menores, ¿quién se ocupa de eso?

Algo está muy mal en una sociedad en la cual las niñas, niños y adolescentes no son protegidos y resguardados de forma adecuada. Y es así porque en las nuevas generaciones descansa –aunque suene a frase hecha– el futuro mismo de nuestras comunidades y, en última instancia, de nuestra especie.

La responsabilidad del resguardo, por cierto, no es exclusiva de las autoridades, sino que constituye un deber compartido por todos los integrantes de la sociedad. Y en ello deben contarse todos los individuos adultos, incluso quienes no tienen hijos.

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La ecuación es sencilla: una sociedad que tiende al progreso es aquella que se esfuerza por ofrecer, a cada nueva generación, mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo. En ese proceso va implícito el compromiso de asegurar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con mejores condiciones durante el periodo de su desarrollo inicial como individuos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición y que da cuenta de cómo el número de carpetas de investigación, abiertas en Coahuila durante los primeros 11 meses del año pasado, por el delito de corrupción de menores, revela un incremento preocupante en la incidencia de dicha conducta indeseable.

Y es que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a noviembre de 2025 ya se había rebasado, en 66 por ciento, el número de indagatorias abiertas por ese mismo delito en la entidad durante todo el 2024.

Como se ha señalado en innumerables ocasiones, el seguimiento permanente de indicadores, en este caso de incidencia delictiva, no es un acto ocioso ni puede ser considerado como un hecho anecdótico. Muy lejos de tal posibilidad, se trata de un sistema de alerta que debe disparar, de inmediato, acciones en todos los sectores de la sociedad.

La autoridad está obligada, desde luego, a pasar revista a sus estrategias para encontrar explicación al incremento en la incidencia del delito concreto. También debe analizar las circunstancias de aquellas zonas de la geografía estatal en las cuales el fenómeno se haya disparado.

Pero el resto de los integrantes de la sociedad también debemos alertarnos y cuestionarnos cómo podemos –y debemos– contribuir a que este tipo de conductas no se multipliquen, es decir, cómo podemos ayudar a que las víctimas de este delito disminuyan.

Porque, como se ha dicho también de forma recurrente, la meta no es que se castigue a todos aquellos que incurran en el delito de corrupción de menores, sino impedir que el hecho se perpetre.

Nuestro compromiso tiene que ser, en ese sentido, el de involucrarnos y participar en la conformación de acciones que tiendan a fortalecer el cerco protector alrededor de niñas, niños y adolescentes. Y se trata, desde luego, de una asignatura en la cual no podemos darnos el lujo de fallar.