Coahuila: un fuerte rezago en impartición de justicia

Procurar y administrar justicia es uno de los retos más complejos que enfrenta cualquier sociedad democrática. Y esto es así porque en las democracias solo puede castigarse o absolverse a una persona a partir de un procedimiento claramente establecido en las leyes.

Y no se trata de cualquier procedimiento sino de uno que convierta en hechos el ideal que reflejan, de manera universal, las estatuas de la diosa Temis quien, con los ojos vendados, debe ser capaz de colocar sobre la balanza los hechos que caracterizan un caso y decidir cuál platillo pesa más.

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Ello implica contar con un complejo entramado institucional que va, desde los mecanismos de denuncia de los delitos hasta el que sirve para lograr la reinserción social de quienes, habiendo sido condenados por un delito, han cumplido con la condena que se les hubiera dictado.

Cada uno de los pasos que median entre un extremo y otro entrañan complejidades y demandan un esfuerzo institucional que debe ser desarrollado con profesionalismo por quienes tienen a su cargo las distintas funciones públicas que implica procurar y administrar justicia.

Señalar lo anterior es importante porque no puede juzgarse con superficialidad una tarea que ha consumido siglos de discusión en las sociedades civilizadas del planeta y en torno a la cuyas ideas centrales sigue existiendo un fuerte debate teórico.

A partir de estos elementos cobra un cariz distinto el análisis de las cifras que proporciona la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con la cual, apenas uno de 200 delitos cometidos en Coahuila llega hasta el punto de la emisión de una sentencia.

¿Es esta una cifra pequeña o es un comportamiento normal?

Estadísticamente no hay duda: se trata de una fracción muy menor de los casos que cotidianamente se registran y que implican el daño a un bien jurídico. No en todos los casos existe necesariamente una víctima material, pero sí existe un daño. Por eso justamente es que las conductas se consideran delitos y ello implica que agravian a toda la sociedad.

Sin embargo, antes de emitir un juicio definitivo al respecto es indispensable considerar los elementos que componen el sistema de justicia y valorar las capacidades institucionales que han sido construidas en cada tramo de éste.

Adicionalmente es necesario valorar la educación jurídica de nuestra sociedad y los elementos que la componen, sobre todo cuando hablamos de conductas que, siendo delitos, admiten salidas alternas que, en teoría por lo menos, resultan más deseables a la emisión de una sentencia judicial.

La estadística fría, sin embargo, constituye un referente sobre el cual se requiere un análisis más profundo y explicaciones detalladas de las autoridades responsables de procurar y administrar justicia, de forma que todo ello nos sirva para mejorar el desempeño global del sistema.