Combate a la corrupción: AMLO también fracasó en esta promesa

Una de las promesas que impulsó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018 fue la de “erradicar” la corrupción. El tabasqueño no habló nunca de controlarla o de combatirla con la intención de disminuirla. Él aseguraba tener la capacidad para hacerla desaparecer, para aniquilarla.

Y a lo largo de su gobierno fueron múltiples las ocasiones en las cuales afirmó que ya había logrado dicho propósito. El gesto de sacar un pañuelo blanco y agitarlo delante del público, durante sus conferencias mañaneras, se convirtió en un clásico.

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Había buenas razones para creer en la promesa lopezobradorista: se trataba de un político que, a diferencia de casi cualquier otro, se encontraba libre de escándalos de corrupción y, aunque largamente se cuestionó el origen de los recursos con los cuales subsistió durante toda su trayectoria como opositor, lo cierto es que nunca surgió evidencia de que utilizara el poder para enriquecerse o favorecer negocios familiares.

Con todo, la promesa de erradicar la corrupción fue incumplida y se demostró, una vez más, que no basta con un halo de honestidad o con la observancia de una conducta proba para “contaminar” a todos los integrantes del servicio público. Por ello, López Obrador fracasó en su cometido.

La investigación que incluimos en esta edición aporta datos duros para documentar la afirmación anterior en relación con uno de los rubros que más escándalos ha generado en los últimos años: la operación de las empresas “factureras” que cobran al sector público por bienes o servicios que nunca entregan.

Los datos recopilados y analizados por Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México dejan claras dos cosas:

La primera de ellas es que durante el sexenio de López Obrador las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) siguieron operando, pues 34 de estos “proveedores fantasma” obtuvieron 87 contratos por un monto de 182.8 millones de pesos, a través de 23 dependencias federales, cinco universidades, cuatro oficinas estatales y un ayuntamiento en Tabasco.

La segunda es que el combate a la corrupción fue deficiente, pues una de las conclusiones de la investigación apunta a que la razón por la cual disminuyó el monto de los contratos otorgados a las factureras, durante el sexenio pasado, es que la detección de este tipo de empresas se desplomó.

Con ello se demuestra que el combate a la corrupción pública no puede basarse en la creencia de que la conducta honesta de un solo individuo basta para que el resto se sienta “obligado” a comprarse de la misma forma. De hecho, queda claro que pensar de esta forma es un acto de ingenuidad.

Cabría esperar que, a la vista de los resultados, la sucesora de López Obrador no insista en la fórmula.