Constancia de situación fiscal: costo burocrático

Uno de los elementos distintivos de nuestra sociedad es la tramitología burocrática. Y nos distingue para mal, porque las autoridades mexicanas, de todos los órdenes de Gobierno, se han especializado en complejizar hasta el hartazgo los trámites oficiales.

El más reciente signo de este problema endémico es la exigencia que el Sistema de Administración Tributaria ha impuesto para que los asalariados de todo el país deban entregar a sus patrones, so pena de que estos últimos no puedan deducir de sus gastos el salario de sus empleados, la “constancia de situación fiscal”.

El requisito tiene que ver con la entrada en vigor, a partir del primer día del próximo mes de julio, del sistema de facturación electrónica 4.0, de acuerdo con el cual es indispensable que los datos del trabajador, correspondientes al nombre completo, RFC y código postal de su domicilio, sean los mismos en el sistema de nómina del patrón y en la base de datos del SAT.

Hasta aquí, el asunto suena muy normal, si no fuera porque para tramitar la referida constancia hay que hacer un trámite cuyo éxito no está garantizado.

¿Y por qué debemos someternos en México a este churrigueresco mecanismo que claramente no es amigable con el usuario ni es sencillo? Fundamentalmente porque nos hemos negado –por razones políticas muy difíciles de explicar y más aún de entender– a implementar un mecanismo que opera en muchos países del mundo desde hace mucho tiempo: el documento único de identidad.

En lugar de eso, en México tenemos la credencial para votar, el pasaporte, la licencia de conducir, la credencial de la escuela, la cédula fiscal, la tarjeta del IMSS, la cédula profesional... y cada autoridad –o empresa privada– se da el lujo de decidir cuál acepta y cuál no.

Lo peor de todo es que ello ocurre a pesar de que ya existe la legislación que prevé la creación de un documento único que contenga toda nuestra información y permita a todas las personas, desde su nacimiento, acreditar su personalidad y evite tener que tramitar múltiples documentos de identidad.

Por lo demás, la endémica incompetencia de las instituciones públicas, así como la nula sensibilidad respecto de los perjuicios que se le ocasiona a la ciudadanía, hace que todos los días veamos, en las oficinas del SAT, inmensas filas de personas que deben perder un día de trabajo para hacer un trámite que nadie parece capaz de volver sencillo y rápido.

¿Cuántos miles de horas de trabajo se están perdiendo debido a la incapacidad de idear un mecanismo más eficaz que el usado en este momento? Más allá de la dificultad para realizar el cálculo, el problema de fondo es que a nadie, al menos entre quienes han usado su poder para imponer la medida, parece importarle tal circunstancia.

Ya sería tiempo de que nos decidamos a abandonar el subdesarrollo en este aspecto de nuestras vidas que tantos problemas genera, todos los días, a tantas personas, pero especialmente a los más pobres.