Crimen organizado: sigue operando con impunidad

En el mundo de nuestros días, regido por normas jurídicas que establecen una línea clara entre las acciones legales (o permitidas) y las ilegales (o prohibidas), las instituciones del Estado tienen, entre otras, una responsabilidad fundamental: mantener con claridad la línea divisoria entre ambas posibilidades.

No hay forma de que una sociedad que aspira a ser democrática pueda funcionar –ya no digamos prosperar– si la frontera entre la legalidad y la ilegalidad no es clara o, peor aún, lo que queda claro es justamente lo contrario, es decir, que la línea no existe.

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Cuando esto último ocurre, estamos ante una comunidad en la cual es posible cometer actos ilícitos con impunidad, es decir, sin que las normas que los prohíben se apliquen, incluso en casos en los cuales resulta perfectamente claro quién o quiénes son los responsables del ilícito.

Y que eso ocurra sólo puede ser producto de dos causas esenciales: porque la autoridad es incompetente y no es capaz de hacer cumplir la ley, o porque es cómplice de quienes perpetran los actos ilegales. En cualquiera de los dos escenarios estamos ante un problema grave que requiere atención urgente y eficaz.

Porque si la situación no se atiende, entonces no hará sino agravarse de forma creciente hasta que llegue el punto en el cual el proceso para revertirla será muy complejo, largo y costoso.

Eso justamente es lo que nos ha ocurrido en México en términos de la actividad de los grupos denominados como “delincuencia organizada”: a lo largo de muchos años se ignoró el hecho de que operaban con impunidad y, a últimas fechas, que habían desplegado una estrategia de captura del poder público a través, sobre todo, de administraciones municipales y estatales.

La expansión de las actividades delincuenciales produjo el larguísimo periodo de confrontación que hemos vivido, con distintos grados de crudeza, en todo el territorio nacional. Múltiples voces con autoridad en el tema aseguran que una porción importante del territorio nacional vive bajo las reglas de las organizaciones criminales.

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Eso explica lo ocurrido ayer, en diversos estados del país, luego de conocerse el resultado del operativo mediante el cual se abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El terror y el caos originados por la respuesta de los criminales han paralizado la actividad cotidiana porque las autoridades son incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos y prefieren mejor pedirles que se queden en sus casas.

¿Por qué los ciudadanos de bien deben esconderse mientras los delincuentes se apoderan del espacio público?

La respuesta es tan simple como trágica: porque el Estado renunció largamente a sus responsabilidades en materia de seguridad pública y ello “empoderó” a los criminales al grado de ser capaces de imponernos, aunque sea temporalmente, sus reglas.

Ese es el problema que seguimos teniendo y que urge resolver.