El fracking no es un asunto de semántica

Una de las constantes de la sociedad de nuestros días es la necesidad creciente de energía. Todas las actividades que llevamos a cabo de forma cotidiana requieren energía para ser realizadas, incluso si no lo percibimos o si no somos conscientes de tal realidad.

Lo anterior implica que los gobiernos de todos los órdenes deben hacerse cargo de la demanda energética de la sociedad que gobiernan. Y eso implica tomar decisiones que, por regla general, no son sencillas.

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Porque hacerse cargo de las necesidades energéticas de una población implica comprometerse a atenderlas de forma inmediata. O, para decirlo con mayor claridad: no se trata de un tema en torno al cual sea posible realizar prolongadas disquisiciones o postergar de forma indefinida las decisiones.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al señalamiento que ha venido realizando el exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, en relación con la necesidad de explotar los yacimientos de gas natural con los que cuenta Coahuila.

En torno a tal posibilidad existe un dilema sobre el que mucha tinta ha corrido en nuestra entidad y, en general, en el mundo: el uso de la técnica de fracking para extraer el gas natural y el petróleo, la cual se considera perjudicial para el medio ambiente.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que su gobierno “explora” las distintas posibilidades que existen con la intención de elegir aquella que permita explotar los recursos que se ubican en el subsuelo mexicano, al tiempo que se protege el medio ambiente.

No está claro si ambos propósitos son posibles de forma simultánea en este momento. Lo que sí está claro es que requerimos más y mejores fuentes de energía que permitan atender las necesidades de desarrollo del país.

Tal realidad lo que demanda, entonces, son decisiones pragmáticas que se expresen sin ambigüedades. Así pues, o explotamos los yacimientos de gas natural que se ubican en la franja fronteriza –con las consecuencias de impacto ambiental que puedan originarse– o renunciamos a ello en favor de la protección del ecosistema.

Una u otra opción tiene ventajas y tiene costos. Y difícilmente puede encontrarse una alternativa que se aleje de tal realidad.

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Por ello, no conviene colocar la discusión en el terreno de la semántica, sino en el de la realidad concreta, es decir, en el territorio en el cual se sopesan costos y beneficios... y se corren riesgos porque, al menos de manera coyuntural, los datos con los que se cuenta parecen demostrar que vale la pena hacerlo.

Cabría esperar, pues, que en la discusión sobre la necesidad de mayores y mejores fuentes de energía para el país, el Gobierno de la República terminara por asumir que no existen soluciones perfectas ni libres de riesgos y, en ese contexto, asumiera una postura clara frente a los desafíos que nos presenta la realidad cotidiana.