Crisis de violencia: El sexenio del horror del presidente López Obrador

La presidencia de Andrés Manuel López Obrador será el periodo más sangriento en la historia del México posrevolucionario: más de 173 mil muertos al cierre de su quinto año de gobierno, contra 156 mil en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, 120 mil en el de Felipe Calderón, y 60 mil en el de Vicente Fox. La violencia dejará una marca indeleble en López Obrador, que pese a militarizar la seguridad pública, dotar de equipo y hombres a las Fuerzas Armadas como nunca antes, diseñar programas sociales para atacar las causas de la desintegración social y que diario preside el gabinete de seguridad para implementar su estrategia, ha tenido un fracaso epopéyico que, peor aún, puede empeorar.

López Obrador dice que la incidencia delictiva va bajando. Es cierto, pero es relativo. Los indicadores cuantitativos que agrupa diariamente la consultora TResearch con datos del Inegi y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), muestran que hasta el cierre de este año su sexenio tiene el año más violento en la historia (2020) por cuanto a homicidios dolosos, casi empatado con Peña Nieto con el segundo de esa trágica lista (2019), y con el cuarto y quinto años con más crímenes (2021 y 2022).

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En su penúltimo año de gobierno, López Obrador rebasó en muertos todos los que hubo en el sexenio de Peña Nieto. En 2022 superó por 25 mil los que hubo con Calderón. En 2020 rebasó los crímenes en el gobierno de Fox. Y en 2021 dejó atrás el registro que tuvieron Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. Los gobiernos neoliberales, como los define peyorativamente, no tuvieron una política de seguridad tan desastrosa.

Falta casi un año para que termine su mandato y los homicidios dolosos siguen haciendo más grande la huella de sangre que lo perseguirá. Pero los más de 173 mil muertos al cerrar este año, bien podrían aumentar al final del sexenio si se le agregan los desaparecidos bajo su administración y se contabilizan como homicidios dolosos.

De acuerdo con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, hay 111 mil 540 personas desaparecidas o no localizadas en México desde el 1 de enero de 1962 al 12 de septiembre de 2023. Según las cifras oficiales del gobierno mexicano, la mayoría de las desapariciones se registra a partir de 2006, cuando Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. López Obrador ha cuestionado esos datos, al grado que la presión sobre Karla Quintana, responsable de la búsqueda de esas personas y la realización del censo nacional de desaparecidos para que rectificara el total a la baja, la llevó a renunciar como protesta.

El informe de Servicios Periciales y Médicos Forenses publicado por el Inegi en agosto, señaló que en 2022 se recibieron en morgues, anfiteatros y laboratorios 130 mil 470 cadáveres o restos humanos, de los cuales 46 mil 732 no han sido identificados. El dato más aterrador es que en comparación con los datos de 2021, el año previo, la cifra se elevó en 40.9 por ciento. Casi 6 de cada 10 (57.4 por ciento) eran hombres y 3 de cada 10 mujeres (30.9 por ciento), pero en el 11.7 por ciento restante, los restos óseos no permitieron determinar el sexo.

La semana pasada en un taller en el Colegio de México, el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Carlos Pérez Ricart, asesor de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que la desaparición forzada ha proliferado de tal forma que hoy en día no es posible saber el número de homicidios en México. Jacobo Dayán, otro especialista en macro criminalidad de la UNAM, agregó que hay una campaña del gobierno para reducir la cifra de desaparecidos con fines electorales, y que no había intenciones de resolver el fenómeno. López Obrador quiere bajar a como dé lugar la cifra de desaparecidos porque casi el 45 por ciento del total de ellas se han dado bajo su mando.

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La discusión ha girado en torno al censo de desaparecidos y personas no localizadas, sin tomar en cuenta lo que se encuentra en las morgues del país, que es donde podría comenzar el trabajo. Sin embargo, hay otro problema. La identificación de los cadáveres y los restos humanos, que tendría que hacerse mediante las pruebas de ADN, no podrá hacerse cabalmente porque la política de austeridad de López Obrador llevó también al desmantelamiento y prácticamente la desaparición de los equipos y laboratorios federales para realizar ese tipo de pruebas.

La carencia de ellos le viene como anillo al dedo al Presidente para sus propósitos. Mientras no se identifiquen esos restos humanos y cadáveres, no pasarán a ser contabilizados como muertos, y sin autopsias, no se podrá saber si murieron de muerte natural, en accidentes o producto de un crimen doloso. Es mejor para el objetivo de López Obrador reducir las estadísticas de violencia y maquillar las cifras, con la falta de información que las corrobore, que saber quiénes son aquellas personas cuyos cuerpos y restos están en las morgues. Lo suyo no es encontrar la verdad.

¿Cuántos de esos 46 mil que nadie sabe quiénes son podrían ingresar a la cuenta de homicidios dolosos? Para quienes sean familiares de esas personas que perdieron la vida, de una u otra forma, sería fundamental la información para que puedan tener un cierre emocional y enterrarlas.

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Para efectos de indicadores, no hay nada que pueda cambiar la historia fallida de López Obrador y su estrategia de seguridad. Este es el peor sexenio de la historia en esta materia. Y es la peor política implementada para reducir la violencia, que introduce al terreno de la ética política el análisis de la terquedad del Presidente para no modificar su estrategia pese a los resultados.

Si supiéramos qué sucedió con las personas en las morgues, probablemente aumentaría el número de homicidios dolosos −los restos humanos son un indicio de ello−, aunque no sumará demérito en los resultados finales que entregue el gobierno, porque nada podrá quitarle a López Obrador que su sexenio, en materia de violencia, será de horror.

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